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Reportaje:

Nuevo plan para las basuras

La Generalitat ultima cambios en la gestión de los residuos ante el retraso en la construcción de plantas y vertederos

Sara Velert

La Consejería de Territorio y Vivienda ultima cambios en la planificación de las basuras que alterarán de forma significativa la división del territorio por zonas heredada de pasadas legislaturas y que se hizo para dotar a los municipios de infraestructuras modernas para tratar y eliminar sus desechos urbanos. El objetivo, según la consejería que dirige Rafael Blasco, es "racionalizar" e impulsar la gestión de los residuos, que acumula importantes retrasos.

Tras nueve años en el Gobierno, ni el Plan Integral de Residuos (PIR) que aprobó el PP en 1997 ni la ley de 2000 han cumplido con las expectativas y sus propias previsiones; en opinión del PSPV, la "situación es caótica". La basura, el "principal problema ambiental de la Comunidad Valenciana", en palabras del ex consejero de Medio Ambiente, el popular Fernando Modrego, es una asignatura pendiente del Consell.

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El PIR nació con la pretensión de "establecer un marco estratégico para la gestión integral y coordinada de los residuos" desde los principios de minimización en la producción de desechos y el reciclaje. Para ello, se dibujaron sobre el mapa autonómico las plantas y vertederos necesarios, ecoparques y estaciones de transferencias, y una división por zonas cuyos municipios, a través de consorcios, pudieran compartir las instalaciones con una gestión "integrada" y "completamente independiente" de áreas contiguas.

Sobre el papel, el Gobierno presidido entonces por Eduardo Zaplana veía solucionado el espinoso problema de las basuras en un plazo de cinco años, con una inversión mayoritariamente pública -271 millones de euros frente a 100,3 millones de aportación privada-, y prometía dejar atrás una etapa marcada por el cierre sin alternativas de vertederos a rebosar, como el de Basseta Blanca en Riba-roja. Pero en un breve balance de Gobierno del PP entre 1995 y principios de 2003, la extinta Consejería de Medio Ambiente señalaba haber invertido en esa etapa 105 millones de euros en residuos, lo que si bien suponía un avance con la clausura de 73 vertederos ilegales, la apertura de una decena de ecoparques y de vertederos de inertes, varias estaciones de transferencia, plantas de envases ligeros y de compostaje, la dejaba lejos de cumplir las previsiones del PIR aprobado hace seis años.

Sobre la mesa quedaban -y ahí siguen- 15 zonas sin el preceptivo plan que recoge las posibles ubicaciones para construir las infraestructuras modernas y necesarias que eliminen y traten miles de toneladas de residuos urbanos: la Comunidad Valenciana produce 2,2 millones anuales. Además, la gestión de los tres planes zonales aprobados en la pasada legislatura no está exenta de dificultades. En el caso de la zona I (Maestrat, Els Ports y La Planta Alta), las instalaciones están en proyecto, pero los socialistas han recurrido las adjudicaciones. En el caso de la zona XV (Marina Alta y Marina Baixa), el consorcio adjudicó el vertedero y lo situó en El Campello, que recurrió su inclusión en esa área porque originalmente no pertenecía a ella. Caso distinto es el de las plantas de Villena y Xixona, cuya construcción se inició sin aprobar primero los planes zonales correspondientes, el de la zona XIII (Vinalopó Mitja, L'Alcoià, L'Alt Vinalopó) y el de la XIV (El Comtat, L'Alacantí y una parte de L'Alcoià), como denunció el PSPV. Además, un tribunal ha anulado la tramitación del suelo en Xixona.

Tampoco ha habido más suerte en las zonas III (Plana Baixa y Alto Palancia) y VIII (L'Horta y Camp de Morvedre). La anterior Consejería de Medio Ambiente decidió alterar la distribución original del PIR y juntó esas dos zonas en un único plan. En la nueva unidad creó dos áreas de gestión, de forma que la basura de L'Horta, que según el PIR debían tratarse en esa comarca o en el Camp de Morvedre -siguiendo los principios de la "economía de escala" y la reducción de costes "derivados del transporte"- también tiene ahora opciones de viajar más lejos, hasta el Alto Palancia. Los concursos para las infraestructuras en las dos áreas de gestión se tuvieron que declarar desiertos el año pasado, y con ello, se aplazaba otra vez la sustitución de la planta de Fervasa, que recibe la basura del área metropolitana de Valencia y es fuente de conflicto constante por sus malas condiciones con los pueblos afectados, Quart de Poblet y Aldaia.

Ante esta situación, que la oposición ha criticado en muchas ocasiones, la Consejería de Territorio y Vivienda prepara medidas para acelerar la construcción de las plantas y vertederos de residuos urbanos. La empresa Vaersa, dependiente de la consejería, contratará la redacción de los planes zonales pendientes para que estén redactados antes de finales de junio, y la consejería espera aprobarlos en otoño. No serán los 15 planes del PIR, ya que una de las medidas previstas es la unión de los territorios de varias zonas en una, como se hizo con la III y la VIII, para luego crear diferentes áreas de gestión. Fuentes de la consejería explican que aún se estudian las diferentes posibilidades y argumentan que en algún caso la unión de varias zonas se plantea porque en una de ellas no se genera un gran volumen de basura -una planta de tratamiento, reciclaje y compost se calcula a partir de 70.000 toneladas anuales-. En otros, la unión se daría porque "al descender al detalle" no se encuentran espacios físicos adecuados en una zona y sí en la contigua. No obstante, añaden las mismas fuentes, la subdivisión de las nuevas macrozonas en áreas de gestión -lo que también puede modificar el número de instalaciones- tendrá en cuenta "la logística del transporte para buscar el menor traslado posible de los residuos".

La consejería asegura que "se involucrará más" en el proceso previo a la adjudicación de las infraestructuras -que al contrario que en el PIR, se confían básicamente a la iniciativa privada-. Para ello, prevé iniciar el diálogo con los municipios de las zonas antes de la aprobación del plan y la creación de los consorcios para gestionarlo, de modo que se puedan alcanzar consensos que acabarán de perfilarse en la fase de exposición pública. En los consorcios, en los que ya participa ahora, la consejería ofrecerá asesoramiento para preparar las licitaciones. Además, transmitirá a los municipios que "los planes zonales no son impositivos o limitativos", sino documentos de trabajo con una "flexibilidad" que permite buscar alternativas a las ubicaciones que proponen para las instalaciones. Con estas iniciativas, la consejería "dará un impulso" a la apertura de plantas y vertederos de basura urbana. Aún tendrá pendientes otros capítulos del PIR.

Compensaciones

La posibilidad de albergar una planta de residuos o un vertedero no suele despertar el entusiasmo en los municipios, también responsables de la gestión de las basuras. En más de una ocasión, los vecinos han recogido firmas y se han manifestado antes de que se tomara la decisión, como ocurrió en Altura en 2002 cuando se abrió la opción de recibir la basura de Valencia. Además del necesario diálogo para alcanzar consensos, la apertura de este tipo de instalaciones poco deseadas deberá ir acompañada de "compensaciones" para los municipios afectados, según la Consejería de Territorio y Vivienda. Además de incentivos clásicos, como el canon económico o la gratuidad en el tratamiento de los desechos de la población en la planta correspondiente, la consejería estudia otras, como la mejora de los accesos para minimizar las molestas y medidas medioambientales. Esa política de compensaciones, indican desde la consejería, "se hará extensible" a las localidades cuyos cascos urbanos se encuentren, por los límites territoriales, más cerca de una planta o vertedero que el núcleo de la población que en realidad tiene la instalación en su término.

"Es necesario superar la fórmula de cambiar alcalde por vertedero" porque "es el conjunto de la sociedad el que sale perjudicado", afirma el PSPV, que ofreció sin éxito al PP un pacto en 2001. Los socialistas denuncian los "incumplimientos" del PIR y proponen cambios legales porque el sistema de gestión existente "no es eficaz, ya que más que resolver problemas, contribuye a crearlos". También exige más participación y control público, sin excluir la iniciativa privada, y un plan de actuación para paliar los déficits más urgentes "consensuado con todas las fuerzas políticas".

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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