Costaleros de un líder político a la baja

El PP valenciano se está defendiendo como gato panza arriba en todo lo que concierne al llamado caso Fabra, cúmulo de peripecias judiciales y mediáticas, como es sabido, en las que está involucrado el presidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia. Los populares, echando mano de todos los ardides y pretextos a su alcance, tratan de impedir que el asunto sea debatido en las Cortes Valencianas y se remiten a lo que en su día resuelvan los tribunales. Qué remedio. De estar a su alcance, y no será porque no lo han intentado, este escándalo político-mercantil hubiera desaparecido, asimismo, de los medios de comunicación al menos hasta después de las próximas elecciones de marzo. No ha podido ser y habrán de aguantar el cilicio.

Un cilicio que les está sangrado las carnes desde hace dos meses, a lo largo de los cuales casi no ha pasado día sin que se divulgase un episodio propio de la crónica de sucesos que ahora amenizan el citado líder castellonense y su utilitaria parentela, beneficiarios todos de un maná espectacular sobrevenido -digamos que aparentemente- a la sombra de la dedicación política. Da la impresión, además, de que una mente perversa, émula de Tántalo, dosifica el goteo incesante de estas revelaciones y denuncias que necesariamente han de mellar la moral de las huestes conservadoras, sumiéndonos a los demás en la estupefacción, no tanto por los hechos que se airean -que también, habida cuenta de las cifras millonarias que afloran- como por la temeridad del protagonista y los silencios cómplices que sugiere.

Estamos, sin duda alguna, ante la mayor serie de irregularidades -valga el eufemismo- que se ha dado en le País desde el advenimiento de la democracia. Cierto es que no se debe obviar la presunción de inocencia que asiste a todo individuo, pero no se nos negará que tal formalidad resulta artificiosa cuando se ha aireado, con abundancia de indicios verosímiles, tan denso repertorio de tráfico de influencias a los más altos niveles, cobros opulentos por informes bufos o inexistentes, constitución de empresas chocantes que facturan lo indecible, compra de minas mediante terceros, por no hablar del nepotismo y el espectacular parque inmobiliario acumulado por el dirigente político que nos ocupa. ¿Acaso el PP le autorizó a todos esos aprovechamientos, impensables sin el amparo de la proyección pública del sujeto y que invitan a intuir coimas, gabelas, diezmos y abusos?

La política es, sin duda, una camino rápido para enriquecerse y algunos pocos lo transitan sin la menor cautela y con notorio éxito. Pero la política también es una percepción del vecindario, que raramente cambia o se equivoca cuando tan patentes y abundosas son las circunstancias incriminatorias. Para el caso que nos ocupa, resulta ya casi irrelevante que los jueces, en su momento, emitan un fallo justo, legal, legalista o leguleyo, incluso que nos regalen un alarde de jurisprudencia creativa. Tanto da. La vasta actividad económica de Carlos Fabra ha sido sobradamente percibida por amplios sectores de la opinión pública y de su propio partido, que más que solidarios con su desventura -quienes así se manifiestan- parecen en rigor meros costaleros de un ídolo caído.

Un infortunio para el PP autóctono que, al margen de algún edil rijoso e impresentable, podía lucir un expediente limpio después de casi dos lustros de gobierno. Mala suerte de que el escándalo estalle en vísperas electorales, con la agravante de que no se puede borrar de un plumazo, ni renegar del imponente correligionario. Habrá de aguantar el temporal procesal y periodístico que está arrumbando la aureola de transparencia y rectitud moral que gustaba exhibir el referido partido. En adelante, los populares deberán de ser más prudentes cuando evoquen pasados y ajenos episodios de corrupción.

A pesar de lo dicho y sabido, el PP ganará los próximos comicios. Quizá sin apabullar tanto, pero ganará. Incluso le votará, como tiene dicho, el empresario y presunto inocente que ha tirado de la manta en este asunto en el que él mismo arriesga ser carne de banquillo. El acusador sabrá: es experto en tóxicos.