El Constitucional sólo ha resuelto dos de los 57 litigios entre Junta y Gobierno desde 1996

El Tribunal Constitucional tiene la última palabra en buena parte de los conflictos que la Junta de Andalucía y la Administración central han mantenido desde 1996, cuando José María Aznar fue elegido presidente del Gobierno. Desde ese año y hasta 2003, la Junta y el Gobierno han acudido un total de 57 ocasiones al alto tribunal, que sólo ha resuelto dos asuntos, relacionados con la decisión del Ejecutivo de Manuel Chaves de complementar las pensiones no contributivas, según la Consejería de la Presidencia. En 2004, la Junta ha anunciado que va a llevar otros seis asuntos al Constitucional y el Gobierno uno más.

La pugna permanente que Junta y Gobierno han mantenido en las dos últimas legislaturas ha llenado páginas de los periódicos durante ocho años, pero también ha inundado de papel al Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir sobre muchos de los asuntos fundamentales que han enfrentado a ambas administraciones.

En este tiempo, el Gobierno de Manuel Chaves ha presentado 29 recursos contra normas estatales y ha planteado 15 conflictos de competencias por decisiones del Gobierno. Este año ha anunciado otros cinco recursos y un conflicto de competencias. Por su parte, el Ejecutivo de José María Aznar ha presentado nueve recursos hasta 2003 y este año ya ha anunciado que recurre la ley de la libre colegiación. El Gobierno también ha planteado cuatro conflictos de competencias por decisiones de la Administración autonómica.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, cree que el tiempo que está tardando el Tribunal Constitucional en dictaminar sobre asuntos que llevan varios años varados en el alto tribunal es "preocupante" y apunta que algunos temas "afectan a miles de ciudadanos". "Dice muy poco del funcionamiento de la justicia", afirma Zarrías.

Ya en enero de 2003, la vicesecretaria general del PSOE, Mar Moreno, advirtió de que "es un hecho empírico que el retraso de los asuntos andaluces [en el Tribunal Constitucional] es más que ostensible".

Entre otros temas, el Constitucional tiene que resolver sobre el conflicto de la financiación autonómica del periodo 1997-2001, motivo por el que el Gobierno andaluz recurrió los Presupuestos Generales del Estado durante esos cinco años, así como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Junta y Gobierno han mantenido conversaciones para resolver varias veces este asunto mediante la negociación política, pero todas las tentativas han fracasado. Otro asunto relevante sobre el que se tendrá que pronunciar el alto tribunal se refiere a las cajas de ahorros. En este asunto, que afecta principalmente a Cajasur (entidad fundada por la Iglesia), Junta y Gobierno mantienen recursos cruzados.