Adiós a Holanda

Olga (nombre ficticio) es una joven rusa de 24 años que llegó a Holanda en 1999 con su marido y un hijo pequeño. Huían de las mafias que les amenazaron de muerte si no pagaban un impuesto por la tienda que tenían. La esperanza de una vida mejor se truncó en un centro para asilados en Frisia, una provincia al norte del país, donde el esposo fue asesinado por un compatriota tras una disputa.

La pareja llevaba cuatro años y medio esperando un permiso de residencia y han tenido otros dos niños. Según las nuevas leyes, ella y sus tres hijos, de cinco y tres años y un bebé de dos meses, forman parte del contingente de 26.000 inmigrantes irregulares que será expulsado. La Asociación Frisona de Ayuda a los Refugiados va a esconderlos para evitar su detención. "Es la ley más inhumana de Europa", dice su fundador, Wietse Potijk.

Enterrado en un municipio alejado del lugar del crimen para ahorrarle gastos a la Administración pública, el marido de Olga no tuvo funeral. Junto a su tumba, sin marcar apenas, hay otras de refugiados que corrieron la misma suerte o se suicidaron ante la perspectiva de regresar a su país por la fuerza. "Si ella no puede quedarse, ¿quién entonces? Conozco familias que llevan 14 y 17 años viviendo aquí y tienen que volver. El problema es que la ministra [de Inmigración], Rita Verdonk, no ha leído todos los expedientes de las personas que acabará despachando", dice Potijk, que trabajó en Canadá ocupándose de la comunidad indígena y regresó a Holanda en 1994.

Olga tiene de su parte a los alcaldes de Frisia, contrarios a la marcha de sus refugiados. La policía ha dicho que no obligará a los agentes con problemas de conciencia a participar en las expulsiones. En otras regiones los vecinos han adoptado a algunas familias para sensibilizar a la opinión pública.

Los Abbas pertenecen a este grupo. Es una familia kurda con cuatro hijos que huyó en 1997 del norte de Irak por razones religiosas. La madre, Pagshan, es judía, y recibió amenazas por parte de grupos islamistas de la zona. El padre, Shezzad, ha llegado a decir que si llega a saberlo no se casan. Escaparon a Turquía, y desde allí, a Alemania, previo pago a un traficante de personas. Las hijas, Suzan, de 18 años, y Sazan, de 14, y los chicos, Darbas, de 16, y Diar, de 14, aún recuerdan con angustia los seis días de viaje en un camión hermético. En Alemania pidieron asilo, pero desaparecieron al creer que el Gobierno negociaba con Sadam Husein la repatriación de refugiados kurdos. Intentaron quedarse en Suecia. Los padres de Pagshan lograron allí un permiso hace una década. Pero fueron rechazados y pensaron en Holanda, donde vive un hermano de la madre. Por miedo a ser devueltos ocultaron su verdadero nombre. Se hicieron pasar por una familia llamada Goran. Residen en Groningen, al noreste del país. La mentira sobre su identidad les ha costado caro. Para el servicio holandés de naturalización e inmigración, han cometido un delito y, casi siete años después de su escapada y con los hijos escolarizados, no hay sitio para ellos. La policía de inmigración ya les ha visitado. "Tenemos derecho a quedarnos. O por lo menos a que nos respeten", dice Shezzad.

Los Abbas reciben apoyo del grupo Van Harte Pardon, que podría traducirse por Mucho Más Perdón. Formada por docentes, padres, refugiados y "todos los que se ocupan de las familias sin papeles", esta asociación sostiene que la nueva ley de asilo vulnera los derechos del menor. "Los niños tienen reconocido el derecho a un entorno estable, a permanecer con sus familias y a la educación en todos los tratados internacionales", dice Hanna ten Zijthoff, una de sus miembros. Otra de las familias protegidas por el colectivo, los Dimandja, ocultó en navidades a sus hijas, de 13 y 9 años, por miedo a volver a Congo. Después de 10 años en Holanda han recibido la orden de marchar.

"Desengañémonos, todos tenemos responsabilidades. Hay padres que presentan recursos para alargar la situación. Cuanto más tarden en irse, peor para sus hijos. Ser ilegal no tiene nada de romántico", ha dicho la ministra para acallar a sus críticos. Según Ten Zijthoff, el Departamento de Justicia ha encargado un estudio para analizar la situación jurídica de los menores que serán expulsados. "No saben qué hacer con ellos. Lo malo es que el informe estará listo dentro de dos años". Wietse Potijk pone un ejemplo: "Verdonk asegura que nadie acabará en la calle. Acabo de recibir una nota sobre una madre de Angola con cuatro hijos que están en la acera en Rotterdam. La realidad es bien distinta a las declaraciones oficiales". Inmigración prevé iniciar la ronda de expulsiones con unas 3.000 personas antes del verano.