La Generalitat garantizará por ley el derecho a una segunda opinión médica

La Generalitat de Cataluña incluirá en la futura Ley Sanitaria Catalana -que todavía no tiene plazos- el derecho de los pacientes a pedir una segunda opinión para ciertas "enfermedades de alto impacto social". Sanidad no quiere elaborar ninguna lista cerrada de patologías e intervenciones, aunque no descarta acotarlas, y prefiere que sea el propio médico quien determine si el paciente podría beneficiarse de obtener una segunda opinión. "Se ha visto en otros países, por ejemplo Francia y Gran Bretaña, [que tienen reconocido este derecho], que las listas cerradas no acaban de funcionar", señaló ayer el nuevo director general de Recursos Sanitarios, Rafael Manzanera, quien precisó que se trata de dar "cuerpo jurídico" a una recomendación que ya existe en la Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria.

Actualmente, sostiene Manzanera, aunque el paciente no lo pueda exigir, la petición de una segunda opinión médica es una práctica bastante extendida.

Extractos de cannabis

Manzanera, que ayer explicó las principales líneas de actuación de la dirección general para esta legislatura, adelantó que el departamento está a la espera de recibir el resultado de algunos estudios realizados con extractos de cannabis para evaluar su efectividad y estudiar la regulación de su uso terapéutico.

"No podemos menospreciar esta posibilidad", indicó Manzanera. "Hay expertos que dicen que patologías como los vómitos y la anorexia podrían responder muy bien a los extractos, pero hay que comprobarlo", añadió.

A pesar de que el consumo de cannabis para uso terapéutico es ilegal en España, ya hay muchos enfermos de cáncer, sida u otras patologías que lo utilizan para aliviar el dolor o los efectos de tratamientos agresivos como por ejemplo la quimioterapia. En diciembre del año pasado, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona publicó una guía para asesorar a estos usuarios sobre el uso correcto y posibles riesgos de esta planta.

Además, en abril de 2001, todos los grupos parlamentarios catalanes aprobaron una proposición no de ley para despenalizar el uso del cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, pero el gobierno de CiU no materializó el mandato parlamentario.Las demás líneas estratégicas de la Dirección General de Recursos Sanitarios para los próximos cuatro años son las siguientes:

- Acreditación de centros. El departamento quiere actualizar las directrices por las que se acreditan los centros sanitarios. Pretende que éstas sean menos externas y que estén más relacionadas con los procesos de calidad de los propios hospitales.

- Asociaciones de enfermos y familiares. Sanidad quiere mejorar su relación con estas entidades para facilitar su trabajo de apoyo emocional complementario a la atención clínica. Se agilizará la solicitud de subvenciones y se prestará apoyo a sus actividades.

- Recursos terapéuticos. La política del departamento se orientará hacia el "uso eficiente" de estos recursos. Se promoverá la receta electrónica y la regulación de las visitas médicas para poder incrementar así el tiempo que se dedica a cada paciente. En cuanto al gasto farmacéutico, Manzanera sostuvo que hay que reducirlo, pero que los expertos coinciden en que no hay "fórmulas mágicas" para conseguirlo, y que ello requiere la actuación de todos los agentes implicados en el proceso.

- Fármacos y geriátricos. El departamento modificará el sistema de distribución de medicamentos y productos sanitarios a las residencias geriátricas incorporando la atención farmacéutica.

- Incapacidad temporal. La gestión de los permisos de incapacidad temporal es de "máxima importancia" para el departamento. Por ello se descentralizará la actividad del Instituto Catalán de Evaluación Médica -se crearán 11 delegaciones en todo el territorio- para ayudar a los facultativos de la atención primaria en las evaluaciones y el seguimientos de los casos de baja laboral temporal.

- Alertas e inspecciones. Sanidad revisará los mecanismos de inspección y evaluación de alertas sanitarias para poder "responder de manera más ágil" cuando éstas se produzcan.