Los populares aprueban en el consejo de RTVV recurrir la sentencia que anula la privatización de Canal 9

La mayoría del PP en el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) aprobó ayer presentar recurso contra la sentencia que declaró nulos la semana pasada los acuerdos que permitieron la convocatoria de tres concursos para privatizar 1.884 horas de programación de Canal 9, sus servicios informativos y la gestión de publicidad. La sección sindical de UGT, sindicato que presentó el recurso y que recibió el respaldo judicial, anunció la inmediata solicitud de ejecución de sentencia, a lo que obliga la vía contenciosa y que significaría la paralización del proceso.

Según José Ignacio Pastor, vicepresidente del consejo de administración y miembro del mismo a propuesta del PSPV, afirmó que el director general de RTVV, José Vicente Villaescusa, a quien solicitó que dejara el cargo por "coherencia y salud democrática", no había presentado siquiera una copia del fallo cuyo recurso anunció ni los informes jurídicos que avalan tal decisión. "Pero además, no explicó las razones que le han impedido ejecutar la adjudicación de los tres concursos -a los que se presentaron en total 16 empresas- y que sólo acertó a responder: "No se van a adjudicar de momento, no tire más del hilo".

Por otra parte, y sin posibilidad de que prosperara un debate sobre otras propuestas, el PP también sacó adelante su modelo de cobertura informativa de la campaña electoral para los comicios del próximo 14 de marzo, que no incluye los debates y se fundamenta en entrevistas que se emitirán a las 00.00 y durarán media hora. Esa circunstancia hizo que Glòria Marcos, consejera a propuesta de EU y presidenta de la Comisión de Espacios Electorales, pusiera de manifiesto que la audiencia mínima para garantizar el derecho a la información no se da en ese tramo horario y "se vulnera con ello la ley de creación".

Y aunque no estaba previsto, el comité de empresa registró en el consejo una petición de reunión con el presidente del mismo, Emilio Fernández, para que -aunque sus atribuciones no son directas- desbloquee la situación a la que se ha visto empujada la negociación del VII Convenio Colectivo al no ser reconocidos por la empresa los delegados sindicales como interlocutores válidos y estar pendientes de un tribunal de arbitraje.