El fiscal pide 24 meses de cárcel para Muñoz y 34 para Gil por el 'caso Belmonsa'

La Fiscalía de Málaga ha solicitado 34 meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial para el que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil, como inductor de sendos delitos contra la ordenación del territorio y otros dos delitos por tráfico de influencias, por el denominado caso Belmonsa, un polémico sumario por irregularidades urbanísticas en Marbella que tuvo que reconstruirse después de que fuera robado de los juzgados en el verano de 2001. En la petición del fiscal, se solicita también 24 meses de cárcel y 18 años de inhabilitación para el sucesor de Gil al frente de la alcaldía, Julián Muñoz, acusados igualmente de dos delitos contra la ordenación del territorio y, en su caso, otro de prevaricación.

Nueve imputados

En el listado de imputados figuran otras 9 personas más, entre ellos, todos los integrantes de la comisión de gobierno del ayuntamiento de Marbella en 1997, fecha en la que se concedió la licencia de obras para levantar un bloque de 12 plantas de altura con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón, una zona privilegiada en primera línea de playa que el PGOU destinaba en parte a zona verde y en parte a viario público.

Se trata de los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) Pedro Román Zurdo, Rafael González Carrasco, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle Arcal, Juan Antonio Yagüe Reyes y María Luisa Alcalá Duarte. También se solicita penas de prisión para Juan Antonio Roca, gerente de la entidad municipal Planeamientos 2000 y que el ministerio público considera que fue el muñidor de la operación urbanística.

Roca sigue en la actualidad ligado a la gerencia de Urbanismo de Marbella con el nuevo equipo de gobierno de Marisol Yagüe, fruto de un pacto de tránsfugas del GIL, PSOE y PA. Para él, la Fiscalía solicitada diez meses de prisión por dos delitos de tráfico de influencias. El escrito del fiscal ha sido remitido ya al juzgado número 1 de Marbella. El caso Belmonsa se centra en las presuntas irregularidades que se cometieron en la construcción del edificio Torremarina.El caso Belmonsa comenzó su instrucción a raíz de dos denuncias: una de un particular, de agosto de 1997, y otra posterior de los ecologistas Aedenat Malaka. El edificio se levantó sobre dos fincas. De un lado una parcela que adquirió la sociedad Belmonsa; de otro, una propiedad municipal. Para la cesión, el Ayuntamiento firmó un convenio con la constructora por el que ésta se comprometía a compensarlo con la cesión de varios locales, tres pisos en el propio edificio y 180.000 euros. En total, propiedades valoradas en 700.000 euros, cuando una tasación pericial posterior triplicaba el valor del solar cedido por el Consistorio, al cifrarlo en 2,2 millones de euros. La firma que figura tanto en la licencia como en el convenio era de Julián Muñoz, entonces teniente de alcalde y concejal que presidió la comisión que lo otorgó.

En el escrito de la Fiscalía, sin embargo, se considera que Jesús Gil fue el inductor de la operación, ya que "prevaliéndose de su cargo y de la ascendencia que tenía sobre los miembros de su gobierno, hizo saber a sus tenientes de alcalde lo ya decidido, al objeto de que tramitaran lo necesario para el buen fin del proyecto urbanístico". La imputación de Gil en este sumario, ratificada por el fiscal, fue motivo de polémica al inicio del procedimiento. Hubo diferencias de criterio entre el entonces titular del Juzgado número 7 marbellí, Santiago Torres, que se ocupaba del caso hasta que lo apartó la entonces juez decana, Pilar Ramírez, y el fiscal designado por Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, que ha llegado hasta el final con la instrucción. En octubre de 1988, Torres dictó un auto de sobreseimiento libre para Gil. El fiscal lo recurrió y la Audiencia de Málaga lo estimó, dando vía libre al procedimiento.