Los informes de Fabra transcriben parte de la guía de una mutua

Uno de los dos informes que el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, entregó a la juez, como justificante de las facturas por más de 140.000 euros emitidas al empresario Vicente Vilar, transcribe literalmente párrafos de la guía sobre planes de prevención de riesgos laborales de una mutua. La compañía Unión de Mutuas, de la que es consejero el propio Fabra, entrega dicho manual a las empresas que contratan sus servicios y contiene apartados exactamente iguales a los incluidos en el informe presentado por Fabra ante el juzgado.

El documento puesto a disposición de la juez por Fabra, para probar que cobró por un trabajo y no por mediar ante ministros a favor del empresario Vilar, intercala los preceptos de la mutua con otros reflejados en la ponencia que la directora técnica de una auditora presentó en un congreso gallego y que se encuentra en Internet. Además, incluye párrafos enteros del Reglamento de los Servicio de Prevención.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cobró al grupo Naranjax, propiedad de Vilar, al menos 140.000 euros por la elaboración de unos informes jurídico-laborales, según indican las facturas emitidas por su empresa, Carmacas. El empresario Vilar, que le acusó de cobrar por las gestiones realizadas ante la Administración central para tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios, aseguró que esos informes eran "inexistentes". De hecho, cuando Fabra los entregó a la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se le investiga por la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración Pública, el empresario solicitó que se realizara un peritaje sobre los mismos para determinar si los documentos tienen realmente el valor que se supone que llegó a cobrarse por ellos.

El informe, según su título, define las Actividades a realizar en materia de prevención de riesgos laborales en una empresa de productos fitosanitarios. "La prevención de riesgos, así como la mejora de las condiciones de trabajo, es objetivo permanente y fundamental de la empresa, lo que debe quedar reflejado claramente en los principios de su política preventiva", dicen ambos textos y continúan con la enumeración de once principios que también coinciden en ambos. "Asimismo es necesaria la participación de todo el personal para la consecución de la seguridad y la salud en el trabajo. Por ello, corresponde a cada trabajador:...", señalan ambos escritos y definen otros ocho preceptos que también coinciden en ambos. Las coincidencias se perciben asimismo en la delimitación de funciones de los trabajadores designados para el desarrollo de la actividad preventiva y al enumerar y describir la relación de riesgos, entre otras cosas.

"La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten", dice el artículo 1 del reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tal como transcribe el informe entregado por Fabra. En el caso de la ponencia presentada en Galicia, las coincidencias son tales que un texto y otro señalan que "los aspectos a implantar pueden ser agrupados en los siguientes gran bloques temáticos", y explican seis bloques.

Según diversos expertos consultados, otro de los informes entregados por Fabra bajo el título Consideraciones sobre las obligaciones de la empresa en materia preventiva se limita a recopilar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La normativa laboral, recuerda una de los consultados, está recopilada en libros. Es una información "básica", explica otro experto, que incluso algunas mutuas ofrecen gratis o por muy poco dinero. La cifra máxima estimada, en cualquier caso, no supera los 1.000 euros. Lo más costoso es diseñar un plan de prevención de riesgos laborales o medir los mismos y para ello se recurre a la contratación de un servicio de prevención ajeno acreditado o de una mutua. Varios de los expertos consultados coinciden en defender que "no hay tarifa plana" para estos servicios cuyo coste depende del número de trabajadores y los puestos que ocupen en muchos casos, de centros de trabajo o del tamaño de los mismos o de actividad de la empresa. En una estimación muy genérica, en cualquier caso, una firma sitúa la horquilla de prestar estos servicios, durante un año de servicio, entre 601 euros y 6.000 euros, informa Rosa Biot.