Bruselas descarta la vía judicial para la defensa contra el abuso urbanístico

Bruselas descarta la vía judicial en los tribunales de Luxemburgo para defender a los afectados por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana. Un informe elaborado por la Comisión Ejecutiva del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos cometidos por una indebida aplicación de la LRAU concluye reconociendo que en materia urbanística no hay legislación comunitaria y que cada Estado es autónomo.

El contenido de este informe se hizo público ayer con motivo de la comparecencia de Charles Svoboda, presidente de Abusos Urbanísticos No, quien explicó la indefensión y malestar de los afectados por la legislación valenciana. También intervinieron representantes del Ejecutivo comunitario, quienes lamentaron la "tragedia" de la situación expuesta por los afectados pero consideraron que el asunto no es competencia de las instancias europeas al no implicar una violación del derecho comunitario.

En una comparecencia ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, órgano similar al defensor del pueblo comunitario, los eurodiputados conocieron de primera mano los testimonios de los afectados, que han recogido más de 10.000 firmas de apoyo. Svoboda trasladó la "indignación" de los afectados que sienten cómo se "vulneran sus derechos como propietarios de terreno". La eurodiputada socialista Maruja Sornosa explicó que una vez descartada la vía judicial, "debemos iniciar la vía política para sensibilizar a los alcaldes y al gobierno del PP, en la Generalitat, de la necesidad de desarrollar un reglamento que impida que se cometan estos abusos". Sornosa defendió las bondades de la LRAU aunque reconoció que "existe un evidente sentido de vulneración de los intereses de los propietarios afectados por esta legislación urbanística".Los eurodiputados, tanto del PP como del PSOE, presentes en el Comité de Peticiones acordaron crear una subcomisión que visitará "en breve" las comarcas de La Marina Alta y Baixa de Alicante para conocer con detalles los casos más graves y "concienciar a los ayuntamientos de la necesidad de aplicar un urbanismo sostenible", dijo Sornosa. Ese equipo deberá establecer si, tal como denuncian más de 10.000 firmantes de distintas nacionalidades, la normativa obliga a los dueños de los terrenos a pagar sumas abusivas de dinero e incluso ceder sus propiedades a cambio de compensaciones insuficientes para que los promotores puedan construir nuevas urbanizaciones.

El presidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No, Charles Svoboda, denunció que, a pesar de las promesas, las autoridades valencianas no sólo no han modificado la legislación sino que siguen autorizando las prácticas abusivas en la planificación urbanística. "Lejos de mejorar, la situación incluso ha empeorado en los últimos tiempos", lamentó Svoboda.

Por su parte, la directora general de Ordenación y Planificación de Territorio de la Comunidad Valenciana, Cristina Santamarina, aseguró "no dar crédito" a las acusaciones de los representantes de la plataforma y recordó que la controvertida LRAU "ha sido declarada conforme a derecho por el Tribunal Constitucional". El eurodiputado Felipe Camisón, del PPE (Partido Popular Europeo), reconoció la existencia de "un grave problema en la zona", aunque opinó que se trata de un asunto que deberían resolver los afectados y las autoridades autonómicas. El eurodiputado británico Roy Perry, del PPE y vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, abogó por agilizar el expediente para iniciar una investigación, aunque reconoció las dificultad de que este trabajo se pueda iniciar en la presente legislatura del Parlamento.

Al término del debate, el representante de la plataforma contra los abusos urbanísticos se declaró moderadamente satisfecho ante la predisposición de la Eurocámara a enviar una comisión parlamentaria para visitar la zona.