Las cajas salen del debate político

Las cajas de ahorros atraviesan una etapa de sosiego, sólo empañado por algunas escaramuzas esporádicas, tras haber estado en el epicentro del debate político en los últimos cinco años. En 1999, pocos ciudadanos sabían que las cajas tenían consejos de administración y mucho menos que en ellos se sentaban políticos, sindicalistas o sacerdotes y que estos últimos cobraban salarios millonarios.

Desde entonces mucho ha llovido, a veces diluviado, sobre las cajas, que buscan con ansiedad la estabilidad y saltar de las páginas de política a las de economía. "Afortunadamente, las cajas aparecen ahora en los medios por lo que tienen que hacerlo: por la presentación de sus balances y sus cuentas de resultados y por sus acciones con la obra social", afirma un directivo de Caja San Fernando.

"Las cajas aparecen ahora en los medios para presentar sus cuentas y la obra social"

La prueba del algodón es que las cinco cajas tuteladas por la Junta (Cajasur ha sido expropiada por el Gobierno) han terminado o están a punto de culminar la renovación de sus órganos de dirección de forma discreta, algo que contrasta con el anterior proceso, en 2000, que estuvo repleto de convulsiones y que hizo que el Gobierno autonómico tuviera que emplearse a fondo para sofocar la rebelión de la mayoría de las entidades.

Hace cinco años, el anuncio del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de que tenía la intención de impulsar a la fusión de las seis cajas de la comunidad en una sola y la tramitación parlamentaria de la Ley de Cajas autonómica tuvieron un doble efecto: se exacerbaron los localismos, en el que cayeron casi todos los partidos, y se produjeron extrañas alianzas cimentadas en intereses diversos.

Este cóctel puso en jaque al Gobierno de Manuel Chaves, que pasó un momento realmente apurado cuando los anteriores mandatarios de las dos cajas de Sevilla, San Fernando y El Monte, intentaron fusionarse burlando la Ley de Cajas.

"La clave fue que en 2000 el PP usó las cajas como ariete contra la Junta y que en la cúspide de algunas cajas también estaban interesados en atizar el tema. Ahora no ha habido agitadores en el proceso de renovación", destacan fuentes de la Consejería de Economía.

De forma muy distinta lo ve el secretario general del PP, Antonio Sanz, quien se queja de que en El Monte y San Fernando ha habido "una declaración de guerra" por parte de las diputaciones de Huelva y Sevilla en la elección de sus representantes en las asambleas de estas entidades. "En algunas cajas, la Junta sigue con el intervencionismo", afirma Sanz, quien añade que si en esta ocasión no ha habido tanto barullo mediático es porque la campaña electoral absorbe casi todo cuanto acontece.

La vicesecretaria general del PSOE, Mar Moreno, contrasta que en esta ocasión "la normalidad" ha vuelto a las cajas. "Ha habido mayor diálogo y menos tensiones entre los partidos", comenta Moreno, quien añade que el objetivo del PSOE es que las cajas de ahorros conserven "su interés social y su interés público frente a los intentos privatizadores".

Por contra, el dirigente popular subraya que en las tres cajas orientales (Unicaja, CajaGranada y la Caja de Jaén) el consenso ha sido viable entre los dos grandes partidos, pero que en las dos con sede en Sevilla éste ha sido imposible. Sanz no cree que el PSOE vuelva a impulsar una gran caja en Andalucía -"hay menos consenso que antes"- y se muestra partidario de que sean las cajas las que decidan cuándo, cuáles y cómo se unen.

Desde la Consejería de Economía se apunta que con el mapa financiero actual es difícil que las entidades financieras más pequeñas puedan hacer competencia a las grandes empresas, algo que ya apuntan los ratios de algunas cajas. "La globalización hace que determinadas entidades financieras no tengan la eficiencia que se requiere", apuntan fuentes de Economía.

A lo largo de estos años, la guerra de las cajas, ahora apaciguada, ha dejado vencedores y vencidos y varios recursos cruzados entre la Junta y el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que ser el árbitro en los frentes que aún quedan abiertos. En la frustrada fusión de las cajas de Sevilla perdieron el PP y el PA, que recientemente se ha quejado amargamente de que El Monte no le ha concedido un crédito de 601.012. Y en la batalla más reciente, la que se libró en Cajasur, la Junta vio cómo sus aspiraciones de conservar la tutela sobre la caja fundada por la Iglesia católica sucumbían ante la Ley Financiera que promovió el PP.

"Ha sido nefasto, lamentable. El Gobierno ha usurpado a la Junta de Andalucía unas competencias que constitucionalmente le corresponden", afirman fuentes de Economía, que añaden que la ley fue diseñada para favorecer directamente al presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo.

El PP interpreta lo ocurrido en Cajasur como "un gran fracaso" del Gobierno autonómico, mientras que el PSOE recuerda que este litigio no está perdido y que la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional.