EE UU reclama a España los bienes que le embargó la juez de Rota

La Embajada de Estados Unidos en España remitió el pasado mes de febrero una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que pide la devolución urgente de los bienes embargados por la juez de Primera Instancia e Instrucción de Rota (Cádiz), Irene Partida Barreto, que se encarga del caso de la demanda de la empresa malagueña Montasa contra la Marina norteamericana por impago de obras desarrolladas en el interior de la base naval de uso conjunto de Rota.

La juez, en cumplimiento de una sentencia firme que da la razón a la empresa, y cuyo dictamen no ha sido acatado por el Gobierno norteamericano, ordenó el embargo de 1.056.228 euros de la cuenta bancaria del economato norteamericano de la base. La titular mantiene el dinero bloqueado en una cuenta del juzgado roteño.

En caso de que los bienes no sean devueltos, Estados Unidos advierte de que "no tendrá más alternativa que presentar una reclamación al Gobierno [español] por su valor y por las gastos ocasionados por los intentos de recuperación".

Además, solicita la celebración "inmediata" de "negociaciones con el Reino de España" y pide que, "dada la gravedad" del asunto, los contactos se programen "como cuestión de urgencia".

La nota de la Embajada norteamericana alude al reglamento interno de la OTAN, que establece que las diferencias entre los países miembros "deben ser resueltas por negociaciones entre sí, sin recurso a ninguna jurisdicción externa".

El abogado de la empresa demandante, Enrique Sierra, alertó ayer sobre la "ingerencia absolutamente desmedida" que supone la solicitud de mediación de Estados Unidos para que el poder ejecutivo español solvente una decisión emanada de los tribunales de justicia. Sierra denunció las pretensiones estadounidenses de "vulnerar cuestiones tan elementales como la separación de poderes".

El abogado explicó que el pleito planteado no afecta a dos países miembros de la Alianza Atlántica, sino "sencillamente a un contratista y a una empresa contratada que denuncia el incumplimiento del contrato".

La Embajada considera que la juez no tiene capacidad para embargar propiedades de Estados Unidos y "reclama del Gobierno español una solución al conflicto planteado". Sierra concluyó que el intento de Estados Unidos de convertir el asunto en una disputa internacional "es una pamplina con la que sólo pretenden confundir para no hacer frente al pago reclamado".

Ante la posibilidad de que Estados Unidos solicite al Gobierno español que pague de forma subsidiaria la deuda, Sierra señaló que "esa contingencia sólo está establecida por ley en caso de que el juez considere que el cobro era imposible". El abogado aseguró que "no parece que éste sea el caso".

El total embargado por la juez de Rota responde a la cuantía que figuraba en la cuenta bancaria del supermercado norteamericano en la oficina del Banco de Andalucía instalada en el interior del recinto militar de Rota. Con todo, esa cantidad no satisfacía el total adeudado por la US Navy a la empresa malagueña.

La juez ha solicitado a la Embajada de EE UU que presente una relación de sus bienes en España para determinar cuáles son susceptibles de embargo para hacer frente a la deuda pendiente, unos 400.000 euros. La juez advierte de que en caso de no ser satisfecha su petición, el Gobierno norteamericano puede incurrir en un delito tipificado por las leyes españolas.