La junta ha suspendido una docena de actos del Consell y el Gobierno

Desde que José María Aznar convocase comicios generales para el 14 de marzo, las juntas electorales han suspendido una docena de actos convocados en la Comunidad Valenciana por los gobiernos central y autonómico por sus connotaciones electorales. Las consejerías y los ministerios han desplegado una actividad febril en la colocación de primeras piedras, la presentación de planes o la inauguración de edificios o carreteras. El último acto anulado ayer fue la primera piedra del encauzamiento del Riu Sec en Castellón, a la que debía asistir el ministro Juan Costa.

La ley electoral es clara a la hora de establecer qué se puede inaugurar en periodo electoral -desde la convocatoria de los comicios hasta su celebración-. Se puede inaugurar cualquier equipamiento o infraestructura que ponga en marcha un servicio básico para los ciudadanos. ¿Hasta qué punto es básico la inauguración de un edificio abierto al público un año o unos meses antes?

La respuesta a esta pregunta explicaría una gran parte de los recursos presentados por los partidos del PSPV, EU o el Bloc contra eventos organizados por los gobiernos del PP. "Al principio, la Administración del PP empezó con un aluvión de inauguraciones, pero luego, a tenor de los recursos, se han contenido", explica el responsable de Asuntos Jurídicos del PSPV, Josep Bresó.

Las juntas electorales de zona reciben recursos casi a diario. A fecha de hoy, estos tribunales han recibido alrededor de 15 recursos, presentados la mayoría en Valencia y Alicante, a la cabeza en número. La lista de recursos es larga, con independencia de su resultado. El pasado 27 de enero la junta electoral de Llíria prohibió dos actos de inauguración de un centro de rehabilitación y unas pistas de pádel en Riba-roja, a los que había anunciado su presencia el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Al día siguiente saltó la polémica en torno a otra inauguración, la de una exposición del Imserso en Valencia sobre la historia de este organismo. Los socialistas lograron que la junta anulase la apertura, pero la resolución no llegó a tiempo y se celebró. Pese a ello, días después la Junta Electoral Central dio vía libre a la exposición.

El 2 de febrero, Camps se vio obligado a presentar su plan de infraestructuras hasta 2010 en la sede de la patronal después de que la Junta Electoral de Alicante suspendiese el acto previsto inicialmente en la Lonja del Pescado al entender que "excedía el ámbito institucional". La última anulación se produjo ayer en Castellón después que la junta desautorizase la colocación de la primera piedra en el Río Seco.

"Es muy complicado estar al tanto; además las anulaciones llegan en ocasiones tarde y el nivel de recursos es ahora el mismo que hace cuatro años", apunta el responsable jurídico. "Estamos ante una administración que hace sistemáticamente trampa", concluyó Bresó.