La delegación de la Generalitat en el Ebro presiona para no dejar el consorcio al PP

La delegación del Gobierno de la Generalitat en las tierras del Ebro ha pedido al consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Salvador Milà, que replantee su estrategia para con el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE) y que nombre a nuevos representantes del Ejecutivo con el objetivo de convocar legalmente a sus órganos de gobierno para disolverlo posteriormente.

Milà anunció la semana pasada que destituiría al anterior delegado del Gobierno de CiU, Francesc Sancho, de la presidencia de este organismo, que está integrado por la Generalitat y el Ejecutivo central. De no tener la representatividad que le corresponde, el Gobierno catalán dejaría automáticamente las riendas del CPIDE y la ejecución de su presupuesto en las manos del Partido Popular.

Ante esta eventualidad, Milà pretende hacer valer el acuerdo que asegura que pactó con la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, de no dar ni un paso más en las obras del trasvase ni en ningún otro aspecto relaxionado con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) hasta después de las elecciones generales del 14 de marzo. Sin embargo, fuentes del ministerio niegan que exista tal acuerdo.

De hecho, si tal pacto existió, ya se habría roto. Las notificaciones que Trasagua, la empresa gestora del trasvase, ha remitido a una cincuentena de propietarios de Tortosa para avisarles del inminente inicio de prospecciones en sus terrenos son posteriores a la reunión del consejero catalán con la ministra.

Más contundencia

En estas circunstancias, tanto los socialistas (PSC) como los respublicanos (ERC) de las comarcas del Ebro han pedido al Gobierno que preside Pasqual Maragall que se emplee con mayor contundencia para frenar el trasvase y han manifestado su inquietud a Salvador Milà, que ayer anunció medidas de protección medioambiental para las zonas situadas junto al río Ebro que pueden verse afectadas por el trasvase.

El consejero de Medio Ambiente ha asegurado que mediará ante la Unión Europea para desvincular del Plan Hidrológico Nacional (PHN) todos los proyectos de protección del delta del Ebro que se están realizando en estos momentos y que en buena parte gestiona el CPIDE. Milà también pretende replantear los objetivos del consorcio para después de los comicios del 14 de marzo.

Fuentes republicanas lamentaban ayer que mientras la Generalitat estudia fórmulas para frenar el trasvase, en las tierras del Ebro ya se ven "muy cerca las expropiaciones", razón por la que reclaman más agilidad en el proceso de toma de decisiones. Precisamente, el Departamento de Medio Ambiente tiene previsto que el Consell Executiu de la Generalitat adopte hoy algún acuerdo sobre el CPIDE.