Manifiesto vigilante

¿Necesita la democracia española que alguien la defienda? De hacer caso a un numeroso grupo de personalidades del mundo político y cultural, autores de un Manifiesto de Constitución de la Asamblea de Intervención Democrática, la respuesta es rotundamente positiva. Aportan numerosos argumentos para fundamentar su actitud y, sobre todo, para el debate público. Y, aunque bajo este título algo ampuloso nada se diga sobre las próximas elecciones, está muy claro que la contundente denuncia de lo que se califica como una "contrarreforma de la democracia (...) que se traduce en menos libertad y mayor desigualdad, acompañadas de un creciente deterioro de las instituciones", tiene que ver directamente con el legado que deja José María Aznar tras su segunda legislatura al frente del Gobierno.

La denuncia parte de una observación general sobre el estado del mundo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que registra "una amplia ofensiva a escala mundial contra las garantías y los derechos de los ciudadanos". Advierten del peligro que significa el concepto de guerra preventiva, del retroceso del Estado de derecho y de la crisis de la democracia. Para España, esto se ha traducido en una "reducción de la calidad de nuestra joven democracia", concretada en la alineación "del lado de los belicistas y del unilateralismo", la ruptura del consenso en política exterior y el abandono de las posiciones europeístas.

En cuanto a las instituciones, el manifiesto señala que el Gobierno se sustrae al control parlamentario, y ocupa y controla todos los resortes del poder público -concretamente, el judicial- y privado, a través de los mecanismos utilizados para la privatización de las empresas públicas, en detrimento de la competencia y de los derechos de los consumidores. Asegura que el poder mediático, obtenido gracias a estos mecanismos, ha llevado a una concentración "que recuerda la que Berlusconi ha conseguido en Italia".

El manifiesto cree imprescindible restablecer "la división de poderes, la primacía del interés público y la garantía de una información veraz". También critica muy directamente el plan Ibarretxe, pues "contradice la legalidad constitucional y divide a la sociedad vasca", pero denuncia el deterioro de la cohesión territorial, y en concreto las reformas ad hoc del Código Penal que introducen "el delito político, criminalizando al adversario". Denuncia asimismo el debilitamiento de la cohesión social con la reducción del gasto, el deterioro de la seguridad ciudadana y de la justicia o la carestía de la vivienda, así como la inseguridad e indefensión jurídica en que se hallan los inmigrantes. Y señala la manipulación del pasado histórico y el retroceso en el carácter no confesional del Estado.

El documento es una de las más duras requisitorias que se hayan hecho contra los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Pero como no es un balance, nada se puede reprochar sobre el desequilibrio de una mirada unilateral que se dirige sobre las dos legislaturas de José María Aznar. Y, en cambio, es muy probable que muchos ciudadanos se identifiquen con partes más o menos extensas de unas críticas que, en su mayoría, no están exentas de razones. E incluso con el tono, apasionado y discutible, con que se formulan, algo que en realidad es lo mejor del manifiesto y de la iniciativa. Porque, tal como dice la frase tópica "no hay democracia sin demócratas", habría que apostillar "sin demócratas vigilantes". Todas las democracias necesitan una atención vigilante de los ciudadanos. También la española.