Ansiedad

Una de las dos preocupaciones que planean sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas en estos días es que el escándalo de la entrevista de Carod con miembros de ETA estalló demasiado pronto. Aunque tuvo la casualidad poco inocente de coincidir con un congreso internacional de víctimas del terrorismo, al trepidante ritmo que impone el consumo informativo, dos meses es mucho tiempo como para mantener fresco un discurso que mortifique a José Luis Rodríguez Zapatero en un asunto en el que cuantos más días transcurren menos incriminable resulta. Sin embargo, ésa es la principal estrategia del PP en esta campaña, y eso por lo menos aclara que el CIS y el Gobierno, a pesar de las flagrantes interacciones, no utilizan a fondo el potencial que les dan sus propias sinergias. De esa principal inquietud se infieren dos apartados no menos inquietantes. Por una parte, la instrumentalización abusiva de las víctimas del terrorismo también puede ser percibida como otro modo de terrorismo de Estado. Y por la otra, el inmoderado uso patrimonialista de la Constitución y de España puede ahuyentar a aquellos electores con remordimientos que recuerden que Alianza Popular (que es como se llamó hasta hace poco el PP) fue contraria a la Carta Magna, así como a los que, por su simple condición de periféricos, se sienten incomodados por la uniformidad tremendista que supura el discurso territorial del Gobierno. La otra preocupación es que el encarnizamiento personal del PP con Rodríguez Zapatero acabe despertando empatías con la víctima en antiguos electores socialistas, desmovilizados desde 1996. A esto y al desgaste propio de la acción de gobierno habría que sumar los posibles efectos de asuntos como los protagonizados por el alcalde de Toques o el presidente de la Diputación de Castellón. Respecto al caso Fabra, el consejero de Justicia, Víctor Campos, encargó hace semanas una encuesta telefónica para conocer su impacto entre el electorado valenciano, pero su resultado, al contrario de lo previsto, no ha trascendido. Y lo peor para el PP es que, como ya ocurriera con el Prestige en Galicia, estos sucesos siempre acaban causando más impacto electoral fuera de la zona cero.