El alcalde de Vila-real será juzgado por prevaricación

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, se sentará en el banquillo como presunto autor de un delito de prevaricación, tal y como sostiene la Fiscalía, que pide para él ocho años y medio de inhabilitación, por no hacer caso a unas denuncias por ruido contra una fábrica. La acusación particular, presentada por los vecinos afectados, le considera además "colaborador necesario" en un delito ambiental y reclaman una pena mayor. La petición de apertura de juicio oral tiene lugar después de que la Audiencia Provincial de Castellón considere que no hay motivos para archivar la querella.

El auto de la fiscal, en el que solicita la apertura de juicio oral, es consecuencia de la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de levantar el sobreseimiento de la querella presentada por un matrimonio de Vila-real ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad. Un juzgado que, con anterioridad, había decidido archivar las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada contra la empresa Rocersa, cuya contaminación acústica impedía a los querellantes conciliar el sueño. En el mismo auto, la fiscal solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel para el gerente de Rocersa, Pedro Llop, como presunto autor de un delito ambiental.

Los hechos se remontan a 1995 cuando el matrimonio empezó a presentar denuncias ante el Ayuntamiento de Vila-real después de varios meses de soportar el ruido procedente de una fábrica colindante a su domicilio que no les "dejaba dormir", según explicó ayer uno de los afectados, Antonio Flich.

Los denunciantes lograron detectar la procedencia del ruido en un cogenerador que la fábrica cerámica Rocersa había instalado junto a su factoría. Los afectados llegaron a plantear una veintena de denuncias ante el Consistorio con mediciones realizadas por los propios agentes de la Policía Local, así como por técnicos de la Generalitat. Las denuncias nunca fueron atendidas y, según el letrado del matrimonio, Santiago Albiol, "jamás se resolvieron". Éstas mostraban cómo los ruidos procedentes de la fábrica superaban, en ocasiones con creces, los límites establecidos en la legislación. Pese a que los máximos que la ley permite fijan el límite en 40 decibelios durante el día, la contaminación acústica detectada en la vivienda de los afectados superaba, durante varios días, los 70 decibelios mientras que en el exterior de la fábrica se alcanzaban los 95 decibelios. Además, la instalación no contaba con las preceptivas licencias municipales del Ayuntamiento de Vila-real.

En 1998 Antonio Flich y Concepción Capella decidieron presentar una querella ante el juzgado en la que ya acusaban al alcalde de un presunto delito de prevaricación por no atender a sus denuncias pese a la constancia que las mediciones dejaban sobre la contaminación acústica procedente de la firma Rocersa.

Tras tomarle declaración al alcalde de Vila-real, el juzgado de primera Instancia número 1 decidió sobreseer el caso tras oír de Vilanova su compromiso a ordenar el cierre del cogenerador de la citada fábrica. Según explicó Flich, el cogenerador no volvió a funcionar pero dijo: "Yo quería que se hiciera justicia porque me había sentido humillado durante muchos años, hasta el punto de tener que abandonar mi casa por no poder dormir". De hecho, entre las diligencias practicadas por la Audiencia se encuentra un informe forense que habla de la "angustia, el estrés y la depresión" que puede llegar a producir la deficiencia de sueño a causa del ruido.

Así, el matrimonio afectado por el ruido decidió presentar, hace dos años, un recurso ante la Audiencia Provincial de Castellón que ordenó la reapertura del caso al detectar "evidentes indicios de delito". Tras las diligencias practicadas, la Fiscalía ha redactado sus calificaciones provisionales en las que pide para el alcalde popular Manuel Vilanova la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de ocho años y seis meses, así como una multa de 18 euros diarios durante 18 meses. El Ministerio Público demanda para el representante legal de Rocersa cuatro años y seis meses de prisión, la inhabilitación para la profesión u oficio que desempeñaba con relación a la empresa por un periodo de cuatro años y una multa de 18 euros diarios durante 36 meses.

Cuando el auto sea notificado, el abogado Santiago Albiol contará con cinco días para presentar su escrito de acusación. Aunque todavía no ha definido el mismo, el letrado considera que el alcalde de Vila-real ha sido "colaborador necesario" en la presunta comisión del delito de medio ambiente, con lo que solicitará para él, además de la condena por prevaricación, la misma pena que se pide para el representante de Rocersa, es decir, cuatro años y medio de cárcel.

La empresa Rocersa participa en el consejo de administración de Tierra Atomizada, una firma que a su vez participa del capital de Explotación Minera Vanessa. En esta última sociedad figura como accionista Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra. Fernández compró el 30% de la citada firma a través del chófer de su esposo, que mantiene otro 10% de las acciones.