Asociaciones prosalud mental acusan al Consistorio de Torrelodones de paralizar un centro de rehabilitación

La Comisión Pro Salud Mental, integrada por las principales asociaciones de apoyo a los enfermos mentales de Madrid, ha denunciado la actitud del Ayuntamiento de Torrelodones por paralizar la apertura de un Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) concertado entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Cruz Roja para personas con trastornos psiquiátricos severos y crónicos.

Según fuentes de la comisión, la decisión del Consistorio se produce tras las protestas de un grupo de vecinos de una urbanización próxima al local de la Cruz Roja donde estaba previsto el centro. Los residentes recogieron firmas contra su instalación por considerar que no era adecuada para sus intereses y solicitaron al alcalde, Carlos Galbeño, que no la autorizase.

Según la comisión, la actitud de estos pocos vecinos de Torrelodones recuerda "lamentablemente" a casos anteriores, como el de Alcorcón, donde el Ayuntamiento no permitió la apertura de dos centros, uno de rehabilitación psicosocial y otro laboral, también por las protestas de algunos vecinos. "En ambos casos", señalan las asociaciones, "se pone de manifiesto el desconocimiento, los prejuicios, el rechazo y el estigma hacia los ciudadanos que sufren alguna enfermedad mental. Más aún cuando las personas que acuden a estos centros no son extrañas a la población, sino que son vecinos". "Desde la puesta en marcha de los Centros de Rehabilitación, en 1989, ninguno ha tenido problemas con sus vecindarios", añaden.

La Comisión Pro Salud Mental lamenta que la Consejería de Familia y Servicios Sociales "no haya intervenido para resolver favorablemente este nuevo caso de discriminación" y reclama que actúe "defendiendo los derechos de los enfermos mentales".

Los centros de rehabilitación psicosocial son un recurso fundamental en el tratamiento de las personas que padecen trastornos mentales severos. Las plazas actuales, que dependen de la Comunidad, sólo cubren el 20% de las necesidades estimadas por las asociaciones, por lo que éstas estiman que harían falta de 900 a 1.000 plazas más.