Detenidos por segunda vez con tarjetas falsas dos de los 15 inmigrantes liberados horas antes

La policía detuvo ayer por segunda vez, y con sólo unos días de diferencia entre ambas detenciones, a dos de los 16 inmigrantes arrestados la semana pasada por supuesto uso de tarjetas de crédito falsas y que un juzgado liberó por falta de pruebas. Los detenidos son los rumanos Anadis K., de 20 años, y un menor. Ambos fueron detenidos ayer cuando compraban tres teléfonos móviles con tarjetas supuestamente falsificadas. La Fiscalía de Madrid aclaró ayer que no pidió al juzgado la prisión de 15 de los 16 detenidos porque la policía no aportó suficientes pruebas incriminatorias contra ellos.

Las dos personas nuevamente detenidas ayer, tras haber quedado en libertad hace 48 horas por orden del Juzgado de Instrucción número 28, formaban parte de una de las dos bandas que la policía llevó detenidas al juzgado de guardia por su supuesta implicación en delitos de falsificación de tarjetas de crédito y por, según la policía, estar implicadas en un centenar de robos en chalés de lujo.

La puesta en libertad de los miembros de esta banda sentó mal en medios policiales, que dejaron traslucir sus críticas hacia la fiscalía, por no haber pedido a la juez prisión para todos los detenidos, y hacia el juzgado 28, por haberles puesto en libertad. En medio de este rifirrafe, la policía detuvo ayer a dos de los 16 detenidos que ya habían sido arrestados.

Anadis K. y el citado menor compraron ayer tres teléfonos móviles -de unos 200 euros cada uno-, en una tienda de la calle de Goya. Pagaron con una tarjeta de crédito que acompañaban de una documentación en la que aparecía la misma identidad. Tanto la tarjeta como la identificación resultaron ser, presuntamente, falsas. Según la policía, la manera de actuar de la banda a la que, pertenecen las dos personas nuevamente detenidas es la siguiente: copian las tarjetas colocando un lector falso en los cajeros automáticos y usan a menores para comprar todo tipo de artículos con los duplicados fraudulentos.

Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, indicó ayer que no cabe hacer ningún reproche a la labor desarrollada por las distintas partes que han intervenido en este proceso y consideró "dentro de la normalidad" los pasos dados por cada una de ellas. "La policía ha trabajado bien; la fiscalía ha trabajado bien, y el juzgado también ha trabajado bien", dijo.

La fiscalía, que dirige Manuel Moix, difundió un comunicado para salir al paso de las acusaciones que se han lanzado contra ella por no haber pedido al juzgado que encarcelara a todos los detenidos. "El ministerio fiscal, ajustándose al principio de legalidad y no constatando la existencia de indicios racionales que acreditaran la participación de los detenidos en la mayor parte de los delitos imputados en los correspondientes atestados (especialmente la intervención de los mismos en los delitos de robo en casa habitada que se mencionan en las diligencias), y valorando, en el ejercicio de sus funciones, la actividad instructora desarrollada, estimó que no resultaba necesaria ni oportuna la solicitud de prisión provisional".

Fuentes de la investigación explicaron que "la información facilitada por la policía sobre la puesta en libertad de 15 de los 16 detenidos crea estupor y puede llevar a los ciudadanos a creer que los jueces y fiscales están locos; y la realidad es bien distinta: estamos", añaden estos medios, "en un Estado que debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos". "Estas personas han quedado en libertad porque en el atestado policial remitido al juzgado no se especificaba algo tan básico como cuáles eran los chalés robados, cuándo, cómo y quiénes habían cometido tales robos. Ni tampoco se establecía relación alguna entre los supuestos robos y los detenidos", apostillaron.

Fuentes policiales señalan que si el juzgado advirtió deficiencias en el atestado, debió pedir "una ampliación de las diligencias" o haber llamado -"como se hace otras veces con delitos de especial complejidad"- al jefe de la investigación para recabar más datos. Las mismas fuentes sostienen que al menos algunos de los 16 detenidos debieron ingresar en un centro de internamiento para extranjeros (CIE), puesto que carecen de domicilio conocido en España y tal posibilidad está contemplada en la legislación.