Paro de abogados en Francia por la nueva ley contra el crimen

Millares de vistas y otros actos judiciales se suspendieron ayer en Francia como consecuencia de una huelga de abogados, apoyada por gran parte de la judicatura, en contra de una nueva ley considerada "liberticida" e "indigna de una democracia" por los decanos de varios colegios de letrados. Esta disposición, aprobada ayer en el Parlamento sólo con los votos de la derecha, permite colocar cámaras e instrumentos de escucha en los domicilios o vehículos particulares durante cuatro meses, sin conocimiento del afectado, y excluye la asistencia de abogado al detenido durante las primeras 48 horas en manos de la policía.

El periodo de detención policial se alarga hasta cuatro días (comprendidos los menores de 16 años de edad); se exime de responsabilidad a los policías por la provocación de delitos, si es en beneficio de la investigación; se autorizan los registros domiciliarios a cualquier hora -hasta ahora prohibidos de madrugada-; y se incluirá en el fichero de delincuentes sexuales a los absueltos de estos delitos y a los simples procesados, con la posibilidad de que tales datos sean conservados 20 o 30 años, según los casos.

Numerosos juristas estiman que esta ley ofrece a la policía y a los fiscales poderes propios de un estado de excepción. Teóricamente, la norma se dirige contra la "gran criminalidad", pero la lista de delitos a los que se refiere es tan amplia que los profesionales contrarios a la misma la entienden aplicable incluso a los robos de motocicletas. "Eso es mentira", asegura el ministro de Justicia, Dominique Perben.

Policías extranjeros

La propia ley prevé que si en el curso de las investigaciones se encuentran datos que nada tengan que ver con la criminalidad organizada, el procedimiento seguirá siendo válido, lo cual ofrece a los instrumentos del poder político -policías y fiscales- un margen mucho más amplio que hasta ahora.

El punto que subleva a jueces y abogados es la importación del procedimiento estadounidense de "declararse culpable". El fiscal francés adquiere la facultad de negociar con el sospechoso una pena reducida o la semilibertad, si se declara culpable. El juez sólo es informado al término de la negociación, lo cual revuelve una tradición jurídica ajena a tal sistema. La misma ley exime de pena al que delate a los autores o cómplices de delitos.

También se regula la infiltración de policías extranjeros en redes delictivas que actúen en Francia y la actuación de equipos conjuntos de policías franceses y extranjeros, punto este último solicitado desde España para luchar contra ETA, que fue negociado durante la cumbre hispano-francesa celebrada en noviembre pasado en Carcasona bajo la presidencia de Jacques Chirac y de José María Aznar.