El Parlamento vasco inicia los trámites para recurrir la Ley de Extranjería

El Parlamento vasco inició ayer los trámites para recurrir la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Portavoces de la Cámara de Vitoria decidió modificar el orden del día del pleno de mañana para incluir la proposición presentada con carácter urgente por el Gobierno tripartito, PNV, EA e IU-EB. Los partidos del Gobierno vasco consideran que la ley supone "un nuevo retroceso intolerable en los derechos y libertades" de los inmigrantes, y opinan que vulnera su derecho a la intimidad. Esta iniciativa sigue los cauces previstos por la Constitución, que legitima a los parlamentos y a los ejecutivos de las comunidades para presentar recursos de inconstitucionalidad.

Los sindicatos UGT y CC OO solicitaron ayer a su vez al Defensor del Pueblo que recurra la Ley de Extranjería por percibir "visos de inconstitucionalidad" en los artículos 3 y 66 de la norma, reformada en noviembre de 2003 con los votos en el Congreso de PP y PSOE, y en vigor desde el pasado 21 de diciembre.

A juicio de los sindicatos, estos artículos "vulneran el derecho a la intimidad

[garantizado por el artículo 18.4 de la Constitución], a la igualdad [artículo 13]

y el contenido esencial de los Derechos fundamentales" de los inmigrantes. Denuncian que la obligación de las compañías de transporte de proporcionar al Ministerio del Interior los datos de los viajeros no comunitarios (artículo 66 de la Ley de Extranjería) infringe la Ley de Protección de Datos. También dudan de la constitucionalidad del precepto que permite el acceso de la policía al padrón sin consentimiento previo de los afectados (artículo 3). Los sindicatos temen que los inmigrantes sin papeles no se empadronen, por lo que perderían el derecho a recibir los servicios básicos, como la sanidad.

En marzo de 2001, Enrique Múgica se negó a recurrir la anterior reforma. Almudena Fontecha, responsable de Migraciones de UGT, aseguró que esta vez "no puede mirar hacia otro lado" ya que la oposición a esta norma es un "imperativo ético".