Economía descubrió pagos injustificados de más de 2,5 millones a directivos de Ferrocarrils
Nadal ordena un investigación sobre las causas que motivaron estos gastos y sus beneficiarios
El interventor general del Departamento de Economía y Finanzas descubrió pagos injustificados a varios directivos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por un importe global que supera los 2,5 millones de euros (417 millones de pesetas). El interventor puso los hechos en conocimiento del consejero de Economía, que en aquel momento era Francesc Homs, y sugirió que deberían estudiarse medidas al respecto. El ex presidente de la empresa, Antonio Herce, logró blindar su contrato con una indemnización millonaria, pese a que ello estaba prohibido desde 1994.
El actual Gobierno ha anunciado que auditará algunos departamentos y también determinadas empresas públicas, entre ellas Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Los actuales consejeros no creen que todo estuviera mal, pero reciben constantemente señales de alerta. Una de esas señales es un texto elaborado por la Intervención General del anterior Gobierno que lleva fecha 20 de marzo de 2003.
El documento es breve, pero taxativo. Pone en guardia al titular de Economía, que en aquella fecha era el actual diputado de CiU Francesc Homs, sobre algunas irregularidades observadas en Ferrocarrils de la Generalitat.
La más llamativa de ellas es un conjunto de pagos que no se detallan, pero que suman un total de "417.340.101 pesetas", según figura en el texto (2.508.204,52 euros), realizados a directivos de la empresa ferroviaria catalana y que, a juicio del interventor, son "injustificados".
El texto señala también que se ha detectado otra irregularidad en Ferrocarrils de la Generalitat: el contrato del que entonces era su presidente, Antonio Herce, vulneraba el acuerdo del Consell Executiu de 8 de febrero de 1994 que prohibía las indemnizaciones vinculadas a las rescisiones de contratos de alta dirección tanto en los organismos como en las empresas públicas. El interventor recomienda que el hecho sea puesto en conocimiento del departamento del que depende la empresa (Política Territorial) y del comité de coordinación interdepartamental.
El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, declaró ayer que ha ordenado la apertura un expediente informativo para averiguar quiénes fueron los beneficiarios de estos pagos, quién tomó la decisión de que se hicieran y con qué tipo de justificaciones, así como si se ha hecho algún tipo de gestión para recuperar el dinero o, en su defecto, si cabe hacerla.
Francesc Homs y Felip Puig explicaron ayer que el informe de la Intervención se refiere a planes de pensiones suscritos por la empresa que fueron liquidados porque el Gobierno catalán decidió poner fin a este tipo de remuneraciones a los funcionarios y empleados de empresas públicas, y que estos fondos fueron pagados en los años noventa y hasta 2001, pero luego se cancelaron y se indemnizó a quienes tenían derechos adquiridos.
