El CNI y Garzón investigan la conexión española en la red del mercado negro nuclear

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió en el año 2001 al Ministerio de Economía de la posible implicación de empresas españolas del sector de máquina-herramienta en la red de mercado negro de componentes nucleares descubierto por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a raíz del desmantelamiento del programa nuclear libio. Los envíos, a través de Emiratos Árabes Unidos (EAU), están siendo investigados desde junio de 2003 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha declarado secretas las diligencias.

La Secretaría de Estado de Comercio explicó ayer, a petición de EL PAÍS, que la presunta implicación de empresas españolas en la red que permitió al coronel Muammar el Gaddafi poner en marcha un programa clandestino para dotarse de armas nucleares era conocida por las autoridades españolas desde noviembre del año 2001.

En esa fecha, el centro de inteligencia español, en colaboración con otros servicios secretos europeos, puso en marcha una investigación sobre exportaciones españolas de componentes de máquina-herramienta que "podrían haber sido desviados de su destino final declarado", el emirato de Dubai, en el Golfo Pérsico, "y servir a la fabricación de elementos y piezas que, sin ser tecnología nuclear, sí podrían tener un uso indirecto en programas de proliferación" de armas de destrucción masiva.

Cuatro requerimientos

En concreto, según la información facilitada a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), el organismo encargado de autorizar las exportaciones de material militar o susceptible de tal utilización, la afectada es "una empresa española que actuó como comercializadora de otras empresas españolas".

Aunque no se ha revelado la identidad de dicha compañía, la Secretaría de Estado de Comercio asegura que ésta "fue contactada en cuatro ocasiones y se le requirió información sobre todos y cada uno de los equipos exportados".

Como consecuencia de las investigaciones, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Baltasar Garzón, abrió diligencias en junio de 2003. Las fuentes consultadas indicaron que dichas diligencias han sido expresamente declaradas secretas y están pendientes del resultado de una comisión rogatoria enviada al Reino Unido, así como de informes de inteligencia. Los servicios secretos británicos han colaborado estrechamente con el CNI en el descubrimiento de la supuesta red.

La Secretaría de Estado de Comercio asegura que ninguna empresa española ha exportado máquinas centrifugadoras susceptibles de ser utilizadas para el enriquecimiento de uranio (una fase previa a la fabricación de una bomba atómica), a Libia "ni a ningún otro destino en el que se diese un mínimo riesgo de desvío". Los envíos sospechosos "tuvieron como destino Emiratos Árabes Unidos y se realizaron en el año 2001", correspondiendo a máquina-herramienta y no a equipos "destinados directamente a un programa nuclear".

La legislación española, basada en la comunitaria, exige someter a autorización previa de la JIMDDU la exportación de máquinas-herramienta de alta precisión (como las que están dotadas de control numérico y tienen precisiones de posicionamiento iguales o menores a seis micras o disponen de cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente), ya que pueden emplearse para la fabricación de piezas para centrifugadoras.

376 millones exportados

No obstante, según las estadísticas de la JIMDDU, en el año 2001 no se exportó ningún producto de doble uso a los Emiratos Árabes Unidos. Las exportaciones totales españolas a dicho país ascendieron ese año a 376 millones de euros, frente a unas importaciones totales de 77 millones.

La Secretaría de Estado de Comercio asegura que, desde hace dos años, no hay constancia de nuevas exportaciones de ese tipo, por lo que, si la investigación internacional en marcha confirmara la existencia de envíos posteriores, se trataría de un delito de contrabando, tipificado en el Código Penal.

"Las autoridades españolas están satisfechas de la investigación que se está llevando a cabo y seguirán aportando toda la información necesaria para la misma", concluye.

La OIEA ha reclamado información a España y a los demás países implicados en el presunto mercado negro de material nuclear.