El Gobierno vasco asegura que seguirá la batalla política contra la Ley de Partidos

El Gobierno vasco asumió ayer que el rechazo de su recurso contra la Ley de Partidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha puesto punto y final a la batalla judicial contra el instrumento que permitió la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Miren Azkarate, no renuncia a continuar con la batalla política. Según explicó tras el Consejo de Gobierno, el tribunal "tendrá que entrar tarde o temprano en el fondo del asunto", ya que todavía sigue vivo el recurso de la izquierda abertzale a la ilegalización de sus listas electorales.

El Gobierno vasco, en vez de asumir el fracaso de su estrategia contra la Ley de Partidos, admitió que tomó esa decisión de forma "consciente y premeditada" pese a que el Parlamento autónomo -con los votos del PSE, PP y SA- rechazó acudir al tribunal europeo. Y pidió una reconsideración de los actores que pueden demandar ante ese tribunal: "Llama la atención que las regiones europeas con poderes legislativos y ejecutivos, como es el caso de Euskadi, tengan menos derechos para actuar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los que tienen reconocidos las personas particulares y las personas jurídicas como puede ser el caso de una empresa mercantil".

Mientras tanto, el Gobierno central cree que la no admisión a trámite del recurso es un elemento más para que el Parlamento autónomo ilegalice definitivamente el grupo parlamentario de Batasuna, Sozialista Abertzaleak. El ministro de Justicia, José María Michavila, cree que el Gobierno vasco tiene que "expulsar definitivamente a esa organización terrorista del Parlamento vasco y no pedirle los votos para sacar adelante un plan totalitario como el de Ibarretxe".

El ministro del Interior, Ángel Acebes, y el vicesecretario del PP Jaime Mayor Oreja ahondaron en el argumento al considerar que "es insostenible" que el Parlamento vasco siga dando la palabra a Batasuna. Para el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, el rechazo del TEDH "es un nuevo fracaso del nacionalismo, que siempre se ha opuesto a reformas legales que permiten luchar con más eficacia contra el terrorismo".