El anterior presidente de Ferrocarrils tenía un contrato blindado de 360.000 euros

Antonio Herce dejó ayer de ser presidente de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Ha sido una destitución laboriosa, porque el Gobierno catalán se encontró con que tenía un contrato blindado que le garantizaba el cobro de dos anualidades completas en caso de sustitución. En total, unos 360.000 euros que el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall entiende que no tiene que pagar. Le sustituye en el cargo Joan Torres, que era presidente de la Fundación RACC y fue concejal en Barcelona.

Antonio Herce fue nombrado para su actual cargo en el año 1999. La persona que le eligió fue el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias, de quien Herce ha presumido siempre de ser amigo personal. Siendo consejero Macias, Herce obtuvo un contrato con una cláusula que prevé una indemnización de dos anualidades, equivalente a unos 360.000 euros (unos 60 millones de pesetas) en el caso que se viera obligado a dejar el cargo contra su voluntad, como ocurrió ayer.

Un portavoz de CiU que respondió a este diario en representación de Macias aseguró que el contrato de Antonio Herce como presidente de Ferrocarrils de la Generalitat es el mismo que tuvieron el resto de presidentes de la empresa. Esta afirmación fue, sin embargo, desmentida rotundamente por el ex presidente de la empresa y también ex consejero de Medio Ambiente antes que Macias, Albert Vilalta. "Nunca tuve un contrato que estableciera una indemnización al dejar el cargo", aseguró Vilalta, que hoy preside la empresa que construye los tranvías del Baix Llobregat y del Besòs. Más aún, precisó, ni siquiera tenía remuneración por ejercer la presidencia de FGC porque entonces ocupaba un cargo en el Departamento de Política Territorial y es incompatible percibir dos sueldos públicos. Vilalta asegura que dejó el cargo sin ser indemnizado ni nada que se le parezca.

Pere Macias precisó posteriormente que el contrato de Herce era idéntico al del último presidente de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Roig. Esta versión es la misma que dio un portavoz que hablaba en nombre de Antonio Herce. El ya ex presidente mantenía tensas relaciones con el anterior equipo de Política Territorial. El último consejero de CiU, Felip Puig, y su director general de Transportes, Enric Ticó, intentaron en vano que abandonara la empresa, pero Herce se escudó en su blindaje para no hacerlo.

Despido brusco

Enric Roig da una versión diferente de la de Macias. "Yo no tenía ningún tipo de blindaje en el contrato", aseguró. Roig agradeció que Macias recordara con tal precisión los pormenores de su contrato ya que, dijo, su despido del cargo fue "brusco" y se llevó a cabo en una conversación que apenas duró 10 minutos. Roig estaba a un año de la jubilación cuando Macias decidió sustituirle. Y Herce prescindió después de la casi totalidad del equipo de Roig. Hasta nueve cargos de la empresa han dejado la compañía en estos cinco años, entre ellos el director general, Miquel Llevat. Además, Antonio Herce ha pretendido imponer en Ferrocarrils una disciplina que algunas fuentes califican de "cuartelera" a base de medidas disciplinarias. Hace unos meses despidió a un empleado por denunciar públicamente que había personas que se colaban sin pagar en Ferrocarrils y que no veía predisposición en la empresa para acabar con este tipo de fraude.

El actual Gobierno catalán está poco dispuesto a pagar la indemnización millonaria. Entiende que la presidencia de una empresa pública es un cargo de confianza y que este tipo de cargos no puede tener indemnizaciones. Más aún, otros directivos similares se apresuraron a poner su cargo a disposición del nuevo titular de Política Territorial, Joaquim Nadal, que en algunos casos aceptó la renuncia pero a algunas personas les pidió que se mantuvieran en sus puestos hasta que fuera designado su sustituto. Es el caso del presidente de GISA, Joan Ignasi Puigdollers, y el director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano, Francesc Ventura.