El PP sólo ha aprobado 12 conjuntos BIC de los más de 100 que encontró pendientes en 1995

El Partido Popular, que quiere modificar la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada en 1998, para superar sus "carencias, deficiencias y distorsiones" y "adaptarla a los nuevos tiempos", ha demostrado en realidad muy poco interés por la protección de los bienes afectados por esa legislación: desde que los populares llegaron a la Generalitat, en 1995, el Consell sólo ha calificado 12 conjuntos como Bien de Interés Cultural (BIC). Y eso que se encontraron con más de un centenar de expedientes incoados. Entre los edificios que a día de hoy todavía esperan esa calificación se encuentran el monasterio de Sant Miquel dels Reis y los mercados Central y de Colón de Valencia.

Más de un centenar de edificios y entornos urbanos de las tres provincias valencianas esperan su declaración como BIC, en su mayor parte desde hace 20 años. Los datos oficiales de la Consejería de Cultura indican que en la Comunidad Valenciana hay en la actualidad unos 800 inmuebles o conjuntos catalogados o a la espera de ser calificados como BIC. La mayoría son castillos, torres defensivas, murallas y otras construcciones fortificadas que el franquismo protegió de forma genérica por su carácter militar. Sólo en la ciudad de Alicante hay una treintena de este tipo de BIC. Y en la provincia de Valencia representan casi la mitad del total, mientras en la de Castellón suman 177, de un total de 255 bienes protegidos.

El diputado de Esquerra Unida-L'Entesa Joan Antoni Oltra, que recibió esos datos tras preguntar al respecto a la Consejería de Cultura, ha tramitado casi un centenar de preguntas para interesarse por los motivos por los que 116 inmuebles no han sido declarados BIC. Entre los que esperan esa calificación se encuentran el Jardín Botánico de Valencia, cuyo expediente fue incoado en 1982; el monasterio de Sant Miquel dels Reis, sede de la Biblioteca Valenciana, pendiente desde 1981; y los mercados Central y de Colón, también en Valencia, incoados en 1983. La extensa lista de expedientes pendientes incluye los correspondientes a otros muchos edificios, conjuntos urbanos y yacimientos arqueológicos en las tres provincias. Incomprensiblemente, enclaves como el de los Baños de la Reina, en Calp; la Ermita dels Peixets, en Alboraia; el Santuari de Sant Joan de Penyagolosa, en Vistabella del Maestrat; la torre de El Fadrí, en Castellón; el conjunto histórico de Vilafamés; la cartuja de Porta Coeli, en Serra; el Teatro Circo, en Orihuela; o el yacimiento romano Illeta de Portixol, en Xàbia, no han sido catalogados aún.

"¿Cómo es posible que haya algunos pendientes desde hace 30 años?", se pregunta Oltra. El diputado señala que aunque una vez incoado el expediente, el bien objeto del mismo queda automáticamente protegido, los datos demuestran una cierta "despreocupación" por parte de la Administración hacia la protección del patrimonio histórico. "No hay voluntad de proteger", añade Oltra, "porque les crea problemas de gestión y obligaciones de inversión".

Vicent Álvarez, integrante del Consell Valencià de Cultura, abunda en la cuestión: "Falta voluntad, hay poco interés en proteger el patrimonio", asegura antes de presentar como prueba el hecho de que en el presupuesto de la Generalitat para este año los fondos destinados a la protección del patrimonio se han reducido en torno al 12%, después de permanecer varios años congelados.

Respecto al hecho de que edificios emblemáticos como el de Sant Miquel dels Reis no hayan sido declarados BIC, Álvarez explica que en muchos casos las presiones de los propietarios de los alrededores frenan el expediente. No en vano, la catalogación como BIC no afecta sólo al edificio objeto de protección, sino a todo su perímetro. En el caso de Sant Miquel, la construcción de una ronda que mejorará las comunicaciones en la zona y una posible revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia abren nuevas perspectivas de negocio a los propietarios de la huerta que rodea a la sede de la Bibliteca Valenciana. En otros casos son las presiones de todo un pueblo las que paralizan los expedientes. Como en Vilafamés, cuyo expediente para su declaración como conjunto histórico artístico fue incoado en 1981. Las limitaciones que la catalogación establecería para la construcción en toda la localidad paralizan el expediente.

Lamentablemente, la protección del patrimonio no mejorará con la modificación de la actual ley que el Consell ha remitido a las Cortes. Antes al contrario, dejará sin protección a muchos enclaves, según coinciden los técnicos y la oposición.