El protocolo para malos tratos aprobado hace tres años no ha sido aún desarrollado

La aprobación en noviembre de 2001 del protocolo interinstitucional para mejorar la atención a las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales fue un paso fundamental para que las administraciones abordaran de una manera coordinada y eficaz este fenómeno. Sin embargo, tres años después ningún ayuntamiento ni comarca, que son las primeras instituciones en ayudar a las víctimas por su mayor proximidad hacia los ciudadanos, ha desarrollado el protocolo. Esta es una de las denuncias que realiza el Ararteko en su informe sobre la respuesta institucional a los malos tratos.

Precisamente, el debate sobre la violencia doméstica se ha avivado esta semana en Euskadi con el fallecimiento en Bilbao de una joven embarazada al caer de un cuarto piso tras la agresión de su pareja. Es la primera muerte por malos tratos que se registra en Euskadi desde agosto de 2002.

El protocolo fue rubricado por las máximas autoridades de la comunidad. Gobierno vasco, diputaciones, la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, el Consejo Vasco de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Médico Vasco estamparon su firma. Ese acta establece unos procedimientos homogéneos de actuación por parte de los poderes públicos que mejoran la atención prestada a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, garantizando su protección en los ámbitos sanitario, judicial y policial.

Participación y consenso

El documento marca unas pautas de actuación generales, que para ser operativas deben concretarse, particularizarse y plasmarse en protocolos locales o comarcales, dependiendo del tamaño y la organización de los recursos sociales de cada zona. Únicamente la comarca de Busturialdea y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo han dado algún paso. No tienen un protocolo como tal, solamente actas. Pero todas las instituciones de la comarca implicadas en la atención a las víctimas, como son el juzgado, la Ertzaintza, el ambulatorio, el Servicio de Igualdad y los servicios sociales, mantienen reuniones de coordinación y colaboración.

Aunque el Ararteko admite que la ausencia de un protocolo a nivel local o comarcal (en el caso de los municipios más pequeños) no significa forzosamente que el trabajo realizado no sea el correcto, cree "importante y necesario" formalizar las actuaciones por dos razones "fundamentales". En primer lugar, porque para protocolizar se hace necesaria la participación y el consenso de todas las partes implicadas, lo que garantiza su puesta en práctica con mayor facilidad. Y la segunda razón es que el protocolo constituye un "instrumento básico" a partir del cual se concreta la realización de determinadas acciones y, además, facilita la obtención de datos y la evaluación de resultados.

La "consecuencia lógica" de la ausencia de los protocolos locales es la "descoordinación" entre las instituciones que deben ayudar a las víctimas. Por ejemplo, el protocolo interinstitucional crea una comisión de seguimiento que se encarga de analizar la aplicación de las pautas marcadas. Así, a través de esta comisión quedan establecidos los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel de la comunidad autónoma. Sin embargo, "lo que a nivel autonómico ha quedado definido no ha tenido todavía consecuencias prácticas a nivel local y comarcal", se lamenta el Ararteko.

La inexistencia de esos protocolos hace "difícil" materializar una coordinación de este tipo y cuando se realiza, advierte el Defensor del Pueblo, es "más producto de la voluntad de los profesionales implicados que de métodos de trabajo planificado".