El TSJ investiga el convenio urbanístico de Alperi con los harineros

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano está investigando el controvertido convenio urbanístico que suscribió el alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, con dos industriales harineros, según el cual, el Ayuntamiento cedió a los empresarios suelo público de gran valor inmobiliario como indemnización por el traslado de dos viejas fábricas, en un espacio donde hay proyectadas viviendas de lujo. Para la oposición es un "claro trato de favor".

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ admitió a trámite una demanda del grupo municipal socialista contra el acuerdo que aprobó el convenio, en el marco de un plan parcial denominado 1/2 Benalúa Sur. Fuentes del TSJ aseguran que el contencioso se encuentra en estos momentos en fase de formulación de la demanda y personación del demandado (el Ayuntamiento de Alicante).

El Ayuntamiento ya ha remitido el expediente administrativo completo que le ha reclamado el TSJ, y el alcalde ha firmado una providencia emplazando a los dos empresarios, Antonio Bufort y José Cloquell, a que se personen en los autos.

La controversia estalló en el Ayuntamiento de Alicante al final de la tramitación del plan parcial Benalúa Sur, cuyo suelo, ocupado históricamente por naves industriales y ahora de gran valor inmobiliario, pasa a convertirse en residencial. El alcalde alicantino firmó un convenio urbanístico con los titulares de dos industrias incluidas en ese sector para que desmantelaran sus factorías y, con el pretexto de evitar posibles litigios con otros propietarios en la reparcelación de la zona, les indemnizó cediéndoles suelo público.

El regidor sustentó esa cesión con un lacónico informe de legalidad, precario hasta el punto que el secretario municipal se negó a firmarlo. La oposición consideró el convenio nulo de pleno derecho y arbitrario. "Un regalo a los harineros", coincidieron todos los grupos municipales de la oposición.

Los antecedentes del convenio no eran muy favorables para justificarlo. El representante de una de las factorías, Francisco Bufort, presentó dos alegaciones al plan parcial y pidió que las fábricas harineras, que están fuera de ordenación desde 1970, se consideraran sometidas a una vinculación singular e indemnizadas por los derechos que no puedan patrimonializar. El director de Planeamiento municipal respondió oficialmente a esa petición: no existe motivo alguno para indemnizar.

En contra de ese criterio técnico, el alcalde suscribió el convenio urbanístico con los titulares de las harineras para indemnizarles. Así, de facto, unas viejas edificaciones que apenas albergaban actividad productiva eran legalizadas urbanísticamente e indemnizadas con dinero público.

Con los votos mayoritarios del PP y contrarios de la oposición en bloque el convenio se aprobó en una sesión plenaria de enero de 2003.

Mientras tanto, las industrias que Díaz Alperi pretende indemnizar para compensar un supuesto traslado de sus actividades fabriles, se han convertido en sedes de empresas inmobiliarias, cuyos titulares son los firmantes del convenio con el alcalde. Éstos crearon una empresa urbanizadora en febrero de 2003 para sacar provecho a sus terrenos.

El Grupo Socialista maneja un informe pericial elaborado por un equipo de arquitectos que cifra en unos 31 millones de euros el beneficio que sacarán los dos empresarios con los terrenos públicos que les "ha regalado" el alcalde. El informe, encargado por el PSPV local, consta de 111 páginas y analiza paso por paso la operación que el alcalde firmó con los industriales. Según los socialistas, del informe se desprende que el convenio por el que Luis Díaz Alperi cedió 10.200 metros cuadrados de techo edificable a las empresas harineras es un "pelotazo de primer orden".

En un debate plenario, Luis Díaz Alperi defendió su convenio como "positivo" para el interés general, y desveló que en la negociación con los industriales fue "de farol, como el mus", para rebajar la cantidad de metros públicos a ceder y ahorrar así dinero de las arcas públicas.