Sanidad garantiza la calidad del agua que suministra el Consorcio

El Departamento de Sanidad avaló ayer oficialmente la calidad del agua que suministra el Consorcio Bilbao-Bizkaia a mas de un millón de ciudadanos, 13 días después de que las subcontratas de la entidad iniciasen una huelga indefinida que ha obligado a rebajar a la cuarta parte los análisis que se realizan. Los huelguistas han puesto en "duda" las condiciones del agua, repartiendo incluso panfletos en que sostenían que "no se recomienda su consumo". El Consorcio ha mantenido desde el comienzo del conflicto, y ayer lo reiteró, que la potabilidad está plenamente garantizada, por lo que llamó "a la tranquilidad a todos los usuarios para que la consuman con total normalidad".

La Dirección de Salud Pública respaldó ayer al Consorcio difundiendo un comunicado en el que recalca que "las aguas de consumo público están sometidas a una estrecha vigilancia sanitaria" y que los análisis realizados muestran que el agua servida "cumple con todas las exigencias de calidad requeridas".

Salud Pública agrega que no existe "razón para limitar su uso" por parte del más de millón de vizcaínos que dependen del Consorcio: los vecinos de todo el área metropolitana de Bilbao y localidades como Balmaseda, Durango o Mungia.

La entidad de aguas manifestó, en la línea de lo que afirmó su presidente, el edil peenuvista de Bilbao Ibon Areso, el pasado lunes, que el agua se somete "a los reglamentarios controles de calidad", a pesar de la huelga. Areso ha insistido que, si se detecta cualquier anomalía en los análisis, se procederá al inmediato corte del suministro.Los trabajadores de las subcontratas, que suman casi 290 personas y superan la actual plantilla del Consorcio, prosiguieron ayer sus movilizaciones por el centro de Bilbao para exigir la equiparación de sus salarios con los de los empleados de la entidad de aguas, lo que supondría aumentos cercanos al 50%. Los huelguistas repartieron octavillas en las que insistían a los ciudadanos que "no se recomienda el consumo" del agua. "Puede no cumplir los requisitos mínimos de potabilidad con el consiguiente peligro para usted y sus allegados", rezaban los pasquínes, que también se han repartido en localidades de la Margen Izquierda.

El consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, se reunió ayer en Vitoria con responsables del Consorcio y de los cuatro sindicatos convocantes (UGT, CCOO, ELA y LAB) para tratar de resolver el conflicto, pero no hubo ningún acercamiento. Azkarraga transmitió a los trabajadores que, si el paro se prolonga, deberá dictar un laudo de obligado cumplimiento, una medida que ha solicitado desde el principio del paro la entidad de aguas como forma de arreglar la situación. "Le hemos trasladado la intransigencia de los responsables del Consorcio, que sólo quieren un laudo y que eluden su responsabilidad", dijo un portavoz sindical.

Las negociaciones continuaron por la tarde en Bilbao, en otra reunión en la que Empleo citó a ambas partes. Era la sexta cita auspiciada por la consejería de Azkarraga desde el inicio de la huelga sin que hasta ahora se haya logrado el menor acercamiento de las posturas. Los responsables de Empleo abordaron el conflicto en encuentros por separado con cada parte, que se iniciaron a las seis de la tarde.

Sin embargo, tras más de dos horas de contactos no se logró un acercamiento ya que los empresarios de las contratas se niegan a retirar las sanciones y despidos de los huelguistas, según fuentes sindicales. Pese a ello, para hoy está convocada otra reunión en la sede de Empleo en Bilbao.

Depuradoras

Mientras, la situación se agrava en las plantas depuradoras que tienen que almacenar los lodos procedentes de los vertidos fecales ante la incapacidad de acometer su tratamiento por la huelga. El presiente del Consorcio, Ibon Areso, admitió que dos depuradoras, las de Bedia y Muskiz, se encuentran "al límite". "Empezarán a desbordar en unos días", recalcó, lo que significaría que los vertidos tóxicos irían a parar a los ríos Barbadun e Ibaizabal y Arratia, respectivamente. Este hecho supondría además un delito ecológico, del que cada parte responsabiliza a la otra, y que se dilucidaría en los juzgados.

Areso afirmó que la situación podría paliarse con el traslado de los lodos en camiones contratados, pero la presión de los huelguistas casi imposibilita disponer de transportistas dispuestos a la labor. El presidente de la entidad recalcó que el tiempo seco ha sido "una suerte", al reducir la acumulación del material en las depuradoras.

Los grupos municipales del PP y el PSE de Bilbao pidieron la garantía de la calidad del suministro. Los populares solicitaron la comparecencia tanto de Areso, quien también es edil de Intervenciones Estratégicas, como de la concejal de Medio Ambiente, Julia Madrazo, de IU, para que informen sobre las medidas de control planteadas para certificar la calidad del abastecimiento de agua. A su juicio, se deben "evitar falsas especulaciones" dando cuenta de las medidas que avalen el suministro de agua.

El portavoz socialista, Dimas Sañudo, comentó que el respeto del derecho a la huelga de los trabajadores, "no debe hacer olvidar que se está hablando de un servicio público básico, el agua".

A su juicio, lo más grave es que, aunque se lograra limpiar las depuradoras, "puede que ya se hayan producido daños difíciles de subsanar a corto plazo, y mucho peor aún es que, si se llega a producir el vertido, se tirarán por tierra 25 años de saneamiento por una falta de previsión y gestión".

Sañudo aseguró que la actual situación de conflictividad laboral en la entidad vizcaína de aguas "es resultado fundamentalmente de la más que cuestionable gestión de personal desarrollada por los rectores del Consorcio en los últimos años".