Las cajas deberán dar cuenta de sus inversiones en un informe anual

La Comisión de Inversiones de las Cajas de Ahorros prevista en la Ley de Transparencia deberá elaborar un informe anual sobre sus actividades, según se recoge en el proyecto de orden ministerial elaborado por el Ministerio de Economía que desarrolla esa norma. La comisión -específica para las cajas de ahorros y no para las sociedades cotizadas- deberá detallar en ese informe anual las distintas inversiones realizadas por la caja y su seguimiento.

Las cajas deberán incluir además en su informe general del buen gobierno, también previsto en la Ley de Transparencia, la estructura de negocio del grupo, los sistemas de control del riesgo, las remuneraciones percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo de la entidad.

Los sueldos se publicarán conjuntamente y sólo se harán de forma individualizada cuando el gestor de la caja ocupe un cargo de responsabilidad en otra sociedad por su vinculación a la caja. Todo este informe deberá comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como hecho relevante y publicarse en la página web.

El organismo supervisor tendrá la potestad para fijar el contenido y la estructura del informe anual del buen gobierno, al igual que ya lo está haciendo con las sociedades cotizadas.

Créditos a grupos políticos

Aunque el legislador dejó fuera en un primer momento a las cajas de ahorros en el tema del gobierno corporativo, ya en la Ley de Transparencia fijó un tratamiento especial frente a las sociedades cotizadas en Bolsa, que ahora se desarrolla en una orden ministerial específica sobre estas entidades.

Según el proyecto de orden ministerial, las principales diferencias con el resto de sociedades obligadas a elaborar un informe anual de buen gobierno, radican en la publicación de operaciones de crédito, aval o garantía que se realicen tanto con partidos políticos como con "corporaciones locales, asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la caja de ahorros".

En el caso de créditos a grupos políticos, las cajas deberán informar sobre la situación de los mismos. También se deberá informar de las operaciones crediticias con instituciones públicas que hayan designado consejeros generales. En un principio, se anunció que las cajas deberían ofrecer toda la información relativa a créditos con organismos o instituciones públicas. Sin embargo, las quejas del sector han conseguido que se limitase esta información a sólo aquellos créditos facilitados a entidades públicas que tengan relación en los órganos de gobierno de la caja.

No existen diferencias respecto a sus competidores bancarios en materia de créditos concedidos a los responsables de la gestión de la caja o de la asamblea, además de a directivos, familiares y miembros de los distintos consejos de las cajas. Todos deben informar.