Fabra admite que trató con dos ministros sobre negocios privados del empresario Vilar

Habló con los ministros Jesús Posada y Celia Villalobos sobre la tramitación de licencias de productos fitosanitarios, pero no lo hizo para mediar a favor del empresario Vicente Vilar, que le ha denunciado, ni de la empresa de las esposas de ambos, que gestionaba esas licencias. Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, dijo ayer ante la juez de Nules que actuó en función de su cargo. Su esposa, Amparo Fernández, reconoció haber recibido joyas compradas por la empresa de Vilar, como éste había declarado el lunes, pero precisó que devolvió esos "regalos".

"No voy a decir nada" fueron las únicas palabras de Carlos Fabra a su salida del juzgado, una vez que su esposa entró a prestar declaración. Hasta Nules le habían acompañado una veintena de cargos públicos del PP, además de sus asesores y su hermano, José Alberto Fabra. Los tres vicepresidentes de la Diputación, Vicente Aparisi, Luis Tena y Francisco Martínez; los alcaldes de Burriana, Alfonso Ferrada; de Cabanes, Artemio Siurana, y de Torre En Doménech, Jaime Martínez; los diputados Juan José Ortiz y José Ramón Calpe, los senadores, Carmen Pardo y Carlos Murria, Miguel Barrachina, hasta el pasado lunes director general de Trabajo, cargo del que dimitió para poder presentarse como candidato a diputado por Castellón en las elecciones del 14 de marzo, así como el presidente del comité electoral del PP, Antonio Fornás, entre otros, le arropaban. Allí esperaron hasta que acabó su declaración. Fabra, al salir del juzgado, escuchó cómo un grupo de vecinos le increpaba a voces. "Ladrón", "justicia", "a la cárcel", gritaron.

El presidente del PP de Castellón admitió ante la titular del juzgado número 1 de Nules, Isabel Belinchón, que se reunió con los ministros de Agricultura, Jesús Posada, y de Sanidad, Celia Villalobos, aunque atribuyó estas visitas a las funciones propias de su cargo y no a la intención de mediar en favor de los intereses de Artemis, empresa de su esposa y de la mujer de Vicente Vilar. El político popular nunca ha negado su mediación a favor de "intereses de los empresarios de la provincia" pero, una vez más, aseguró no haber percibido compensación alguna.

El propio Posada manifestó a EL PAÍS que Fabra acudió a él para hablarle de un producto. Según recordó el ex ministro, el presidente del PP de Castellón le dijo: "Hay un producto que no sale y está en los servicios" del ministerio. El entonces máximo responsable de Agricultura sostuvo que no recibió presión alguna: "Cualquiera podía llegar a mí. Si era un ciudadano cualquiera le recibía un miembro de mi gabinete. Pero si era alguien elegido, un diputado o un senador, un presidente de Diputación, pues, hombre, yo tomaba nota y decía 'que se haga lo que se tenga que hacer".

Carlos Fabra declaró ayer durante cerca de tres horas como imputado en la causa abierta de oficio por "uno o varios" delitos contra la Administración pública, que la juez decidió iniciar tras la lectura de sendas querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar. La imputación es una fórmula legal que se determina cuando existen sospechas de la comisión de un delito y permite al sujeto no declarar, no declararse culpable y no declarar en su contra con lo que, al contrario que los testigos, no está obligado a decir la verdad.

Vilar, en su día, puso en conocimiento de la juez cómo su grupo de empresas entregó "sumas importantes de dinero" a Fabra "por gestiones que él mismo efectuaba ante altos cargos de la administración" con el fin de acelerar la autorización de productos sanitarios.

Durante su declaración, el presidente de la Diputación entregó a la juez los informes por los que su empresa, Carmacas, facturó más de 140.000 euros a las sociedades del empresario. Vilar, quien presentó las facturas ante la juez, aseguró que las mismas correspondían a "contraprestaciones económicas por las gestiones realizadas" bajo el concepto de "trabajos e informes jurídico-laborales" pero que, en realidad, "esos trabajos no existen". La juez trató de aclarar el destino de los informes entregados por Fabra y sus redactores ya que en Carmacas, según el dirigente del PP, sólo trabajan sus dos hijos.

Detrás de Fabra entró su esposa, Amparo Fernández, socia de la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, en la empresa Artemis, a través de la cual se han logrado varias autorizaciones de productos fitosanitarios. Según fuentes cercanas al caso, ni ella ni Fabra lograron aclarar el funcionamiento de esta sociedad ante la juez. Sobre lo que sí contestó Fernández fue sobre las joyas que Vilar dice que le regaló.

La esposa de Fabra admitió que recibió "algunos regalos" que, según dijo, devolvió para evitar malentendidos. Esta tesis fue expuesta también el lunes por la ex esposa de Vilar, quien aseguró que tanto Fabra como su mujer habían devuelto las joyas. Según Vilar, Vives dijo haberle ocultado a su entonces marido la devolución de los presentes para que no se sintiera ofendido.