Conjuros mágicos

Tras ser destituido el martes de la semana pasada como conseller en cap por el presidente de la Generalitat, Carod renunció anteayer a su cargo residual de consejero sin cartera. Esa salida pactada en dos etapas suaviza la remoción forzosa del secretario general de ERC y preserva formalmente la autonomía del PSC respecto al PSOE, puesta en cuestión hace ocho días por el requerimiento público de Zapatero a Maragall para que depusiera a su desleal conseller en cap. La combinación política incluye el compromiso de Carod de concurrir a las urnas el 14-M: dado que la Ley Electoral considera inelegibles para el Congreso a los miembros de los Ejecutivos autónomos, su dimisión antes del 9 de febrero era forzosa. En cambio, Carod no tendrá que resolver hasta después de las elecciones legislativas la incompatibilidad -entonces- entre ser parlamentario catalán o diputado en Cortes.

La estrategia defensiva ensayada por el PSOE para desviar hacia el Gobierno los letales efectos del caso Carod pretende instalar bajo los focos -como verdadero y único problema- la génesis del fulminante informativo del escándalo. Ciertamente, hay razones para creer que la noticia publicada hace diez días en Abc sobre la entrevista clandestina -a comienzos de enero en Francia- del destituido conseller en cap con ETA procedía de fuentes gubernamentales. También es probable que dicha información hubiese sido recogida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mediante una operación sobre el terreno o a través de confidentes infiltrados en el entorno de ETA o de ERC. No es fácil, por el contrario, que tales conjeturas sean confirmadas y probadas de manera fehaciente. El artículo 20 de la Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas para comunicar o recibir libremente -como es el caso- información veraz sobre asuntos relevantes de interés público. Y las nieblas en torno a esos secretos tardan en desvanecerse: transcurridos más de 30 años desde el caso Watergate, que concluyó en 1974 con la dimisión del trigesimoséptimo presidente de EE UU (el reciente libro de Anthony Summers Nixon. La arrogancia del poder -Península, 2003- cuenta el calvario de su impeachment), sigue sin conocerse la identidad de la garganta profunda de la Administración republicana que facilitó a dos periodistas de The Washington Post -Carl Berstein y Bob Woodward- las pistas de su investigación.

Sabemos sin lugar a dudas que la cita de Carod con los dirigentes de ETA no es una intoxicación periodística sino un hecho cierto que el propio interesado -tal vez por temor a ser desmentido con fotografías, grabaciones o documentos- ha confirmado. Los portavoces del PSOE afirman, sin embargo, que el Gobierno de Aznar ha cometido un abuso de poder nixoniano al filtrar a la prensa un material sensible -proporcionado por los servicios de inteligencia del Estado- que perjudica al PSOE y que beneficia al PP antes de las elecciones. Aun constituyendo un serio atentado a las normas del Estado de derecho y a las reglas de juego limpio de un sistema democrático, esa probable filtración por el Gobierno de una información del CNI con propósitos partidistas no es la única cuestión que debería preocupar- de manera exclusiva y excluyente- a la opinión pública: la pretensión monotemática de los socialistas así formulada parece el conjuro mágico lanzado por un hechicero para suprimir realidades molestas.

El caso Carod no está cerrado. El destituido conseller en cap no ha contado aún ni los propósitos, ni el contenido, ni los resultados de sus conversaciones con ETA; aunque acepte a regañadientes su equivocación en las formas, este milhombres -Maragall dixit- sigue predicando las bondades de la negociación política con la banda terrorista. Nadie sabe a ciencia cierta si Carod renunciará a su acta de diputado después del 14-M o abandonará, por contra, su escaño en el Parlamento catalán. Tampoco está claro si el presidente de la Generalitat se propone aceptar o no el regreso de Carod al cargo de conseller en cap, un viaje de ida y vuelta que convertiría su cese en una farsa. Y el largo listado de problemas aflorados por esta crisis no se reduce al papel del Gobierno en la filtración de la noticia: incluye también el incierto futuro del Gobierno tripartito catalán y de las deterioradas relaciones entre el PSOE y el PSC.