El Gobierno "no tiene nada" que decir al Congreso sobre la cita de Carod y ETA

"El Gobierno no tiene ninguna información que aportar" sobre el encuentro entre el entonces conseller en cap de la Generalitat de Cataluña y ETA "y está pendiente de que Carod Rovira informe de sus contactos con ETA a las autoridades y a las Fuerza de Seguridad del Estado". Así se pronunció ayer por la tarde el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, después de que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, trasladase al Ejecutivo una petición de CiU para que se habilitase una fórmula que permitiese informar a los portavoces del Congreso sobre este asunto.

La presidenta Rudi tramita un escrito de CiU sobre la actuación del servicio secreto

La declaración de Arenas, a petición de este periódico, se produjo tras un embrollo, no suficientemente aclarado, después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso rechazase varias peticiones de la oposición (PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto) para que el presidente del Gobierno, José María Aznar, informase sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación con la reunión de Carod Rovira con miembros de la dirección de ETA.

Al concluir la reunión de la Mesa, en sendas ruedas de prensa, ni la vicepresidenta del Congreso, Margarita Mariscal de Gante, ni la diputada socialista Amparo Rubiales, ambas miembros de la Mesa de la Diputación de Permanente, hicieron mención, directa o indirecta, a la admisión de la petición de CiU.

Fuentes del grupo parlamentario de los nacionalistas catalanes aseguraron que tras conocer el contenido de esas ruedas de prensa trataron de averiguar si, efectivamente, la propuesta de CiU había corrido la misma suerte que las demás. Al saber que había sido admitida, transmitieron la información al portavoz de su grupo, Xabier Trias que, desde Barcelona hizo declaraciones a distintas agencias de prensa.

Desde el gabinete de prensa de la Presidencia del Congreso se admitió que por la tarde informaron a alguna agencia que se había trasladado al Gobierno la petición de Trias, en la que se solicita que se habilite un procedimiento de información sobre la actuación del CNI en el llamado caso Carod.

La Mesa de la Diputación Permanente está integrada por cinco miembros: tres del PP, Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso, Mariscal de Gante, vicepresidenta, y María Jesús Sáinz, secretaria de la Mesa, y dos del PSOE, Amparo Rubiales, vicepresidenta segunda, y Joan Oliart, secretario.

Rubiales aseguró ayer por la tarde que la presidenta Rudi informó de que en el índice de asuntos a tratar estaba la petición de CiU, pero que se trataba de un escrito dirigido a ella, por lo que, con toda probabilidad, lo resolvería trasladándolo al Gobierno.

El portavoz de CiU, Xabier Trias, recibió un escrito, firmado por la presidenta de la Cámara,en el que, como acuerdo formal de la Mesa, se le informaba de que su petición había sido enviada al Ejecutivo para que éste decida.

La diputada socialista asegura que la Mesa no tomó ningún acuerdo formal en este sentido ya que la presidenta les hizo saber que se lo reservaba como algo de su competencia.

Directa o indirectamente, tanto el PSOE como PNV y el Grupo Mixto habían solicitado algo parecido, es decir, que en el caso de que no se admitiese la petición para que el presidente del Gobierno informase sobre la actuación del CNI en el caso Carod, los portavoces de los grupos parlamentarios que habitualmente forman la llamada comisión de secretos oficiales -aunque no exista en la realidad ningún órgano parlamentario con esa denominación- pudieran recibir algún tipo de información.

No a todo

La Mesa de la Diputación Permanente, al margen de este asunto, rechazó las peticiones de la oposición para que el Gobierno explicase lo ocurrido.

Rubiales y Oliart, diputados socialistas, explicaron ante los informadores que no podían compartir el criterio de la mayoría de los miembros del PP en la Mesa ya que, en su opinión, la expresión recogida en la Constitución y en el Reglamento del Congreso de que la Diputación Permanente tiene entre sus funciones "velar por los poderes de la Cámara", debe entenderse en el sentido de dar contenido democrático a esta institución, de modo que, aunque las Cortes estén disueltas, como ocurre ahora, puedan ejercer su labor de control al Gobierno en casos de verdadera importancia.

A juicio de los dos diputados socialistas, un asunto que afecta a la seguridad del Estado y a la actuación de sus servicios de información tiene la suficiente trascendencia como para que sea tenido en cuenta.

En el polo opuesto, Mariscal de Gante explicó ante los informadores que la Mesa no había adoptado ninguna postura distinta a la que se ha mantenido en todas las legislaturas, salvo en la primera, cuando en 1982 se admitió la comparecencia del entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart (UCD), para que informase sobre una intentona de golpe de Estado abortada con la detención de tres militares.

Mariscal de Gante añadió que, una vez disuelta la V legislatura (1993 a 1996) se denegó por unanimidad de la Mesa una petición de comparecencia del Gobierno sobre los GAL.

La comparecencia a la que se refería Mariscal de Gante fue formulada por Izquierda Unida y el Grupo Mixto, y la Mesa, dominada entonces por el PSOE, rechazó la pretensión.

En definitiva, dijo Mariscal de Gante, no puede aducirse ningún precedente y siempre se han denegado peticiones de este tipo.