El PSC acusa a CiU de usar ahora estudios que hizo cuando gobernaba

El grupo parlamentario del PSC acusó ayer al de CiU de utilizar en la oposición estudios realizados cuando estaba en el Gobierno y de esconderlos al tripartito que preside Pasqual Maragall. En concreto, se trata de dos proyectos de ley que hace unos días presentó CiU para su tramitación parlamentaria: uno sobre la llamada segunda ley de derecho civil catalán y otro sobre la regulación de los recursos contra las calificaciones de los registradores.

El diputado Àlex Masllorens, portavoz de Justicia del PSC-Ciutadans pel Canvi, explicó que esos dictámenes los redactó el Observatorio de Derecho Civil, dependiente de la Generalitat y, por tanto, pagados con dinero público. La diputada de CiU Maria Eugènia Cuenca rechazó las acusaciones y acusó al PSC de hacer de "oposición de la oposición".Las acusaciones del PSC hacia CiU se produjeron en la comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana a la que acudió el consejero Josep Maria Vallès para exponer las líneas de actuación de su departamento. "Prefiero ser impreciso o generalista antes que frívolo o temerario", explicó Vallès para justificar que no anunciaría compromisos concretos hasta conocer con qué presupuesto cuenta.

La oposición de CiU aprovechó esa sinceridad para reprochársela. La ex consejera Núria de Gispert aconsejó a Vallès que no se convierta en "el último de la fila de su Gobierno, porque otros consejeros ya están fijando prioridades" y le anunció: "Si no gobiernan ustedes, gobernaremos desde la oposición".

Pero más allá de la dialéctica, Vallès sí dejó clara su apuesta por otro tipo de política penitenciaria para afrontar la saturación de las prisiones, una situación que calificó de "muy delicada". Parte de esa responsabilidad, según el consejero, se explica porque el Gobierno de CiU no ha construido ninguna cárcel en los últimos años. Así se entiende, según el consejero, que a finales de año hubiese 7.500 presos en las cárceles catalanas. En algunos casos, con seis reclusos por celda, aunque la media en Wad-Rass es de 4,4 mujeres por celda, y en la Modelo, de 3,5 reclusos.

Vallès también aludió en varias ocasiones al "penalismo salvaje" para referirse a las reformas del Gobierno del PP. Frente a eso apostó por fomentar las medidas penales alternativas en coordinación con jueces y fiscales. El año pasado apenas afectaron a 400 reclusos, de una población penada más de 10 veces superior. También anunció que se potenciará el trabajo de los presos, pues actualmente sólo una cuarta parte de ellos realiza alguna labor, y apostó por redactar un reglamento penitenciario, tener funcionarios más formados e incrementar el régimen abierto.

El Libro Verde

En el ámbito judicial reiteró la voluntad reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para convertir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la última instancia judicial a todos los níveles y dejar el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. También censuró que unos 1.400 funcionarios judiciales son interinos, lo que representa el 20% del total, y su deseo de acabar con esta situación. Vallès anunció igualmente que se redactará un Libro Verde de la justicia en Cataluña. "Es el color de la esperanza", explicó.