Las víctimas de delitos podrán tener abogado gratuito con más facilidad

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, el órgano que concede o no abogados de oficio a los usuarios que lo solicitan, acordó el pasado 15 de enero facilitar aún más el acceso de las víctimas de delitos violentos a la justicia gratuita. La comisión decidió estudiar y resolver cada una de las peticiones en un plazo máximo de 15 días, y únicamente tener en cuenta los ingresos económicos de la víctima, y no los de la unidad familiar, como ocurría hasta ahora, a la hora de conceder un abogado de oficio a una mujer maltratada.

El acuerdo adoptado hace dos semanas supone, además, que el abogado que se designe para la víctimas actuará como tal durante todo el proceso y se personará como acusación particular en las diligencias en nombre de la agredida. Y a la víctima no le costará ni un euro.

Hace dos semanas, Monserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, se quejaba de que mientras los agresores suelen acudir al juzgado con asistencia letrada, son muy pocas las víctimas que lo hacen acompañadas y asesoradas por un abogado; y que, aquellas que iban con letrado, lo habitual es que éste fuera de pago. Fuentes jurídicas explican que ello es debido a que el agresor acude ante el juez como imputado, por lo que legalmente tienen derecho a un abogado de oficio y gratuito. En cambio la víctima de cualquier delito, sea un robo o una violación, no precisa abogado para interponer una denuncia, ya que es el Estado, mediante el fiscal, el que persigue tal delito.

La comisión entiende que los supuestos de violencia doméstica son especiales y que por eso, aparte del fiscal, las víctimas deben ir acompañadas de abogado y personarse en la causa como acusación particular.

Ha sido la Fiscalía de Madrid la que planteó ante la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid la propuesta, que fue aprobada el pasado 15 de enero, de facilitar el acceso rápido y sin apenas limitaciones a la asistencia jurídica a las víctimas de violencia doméstica.

El acuerdo adoptado establece la tramitación prioritaria de las solicitudes del reconocimiento de justicia gratuita. Las solicitudes se incluirán en el orden del día de la reunión siguiente a la fecha en que haya tenido entrada la petición en la Comisión de Justicia Gratuita. "La concesión o denegación nunca excederá de 15 días", señalan fuentes jurídicas.

Recursos propios

Además, también se acordó que para tener derecho a abogado sólo se computarán los recursos propios y personales de la víctima, tras considerar que la noción de "unidad familiar" a la que se refiere la ley que regula la justicia gratuita no se adecua al ámbito doméstico en el que se produce la violencia. Es decir, la comisión no tendrá en cuenta si algún hijo de la víctima percibe algún tipo de ingreso. La idea es que la dependencia económica no sea obstáculo para que las víctimas puedan acceder al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica y poder disponer así de un abogado que le asesore con carácter previo al inicio del proceso sobre las iniciativas que más convengan para la defensa de la globalidad de sus intereses.

Para lograr abogado gratuito, basta acreditar que las rentas personales son inferiores al doble del salario mínimo interprofesional, si bien, en circunstancias excepcionales, el límite de ingresos puede llegar hasta el cuádruplo del citado salario mínimo, según informan fuentes de la comisión. "A partir de ahora, para que se reconozca el derecho a un abogado, no habrá necesidad de tener que demostrar la existencia de intereses familiares contrapuestos, como exige la ley con carácter general", explica Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid y representante de la fiscalía en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

El derecho de asistencia jurídica gratuita abarcará el asesoramiento y orientación de la víctima hasta la ejecución de la sentencia. La víctima tampoco tendrá que pagar los depósitos necesarios para interponer recursos contra resoluciones judiciales. La víctima podrá pedir un abogado y concedérsele en un plazo máximo de 15 días, antes incluso de interponer la denuncia, para que el letrado le asesore y oriente sobre la forma de actuar en su caso concreto.

65.000 asuntos fueron tramitados en 2003 mediante asistencia jurídica gratuita, a través de una partida presupuestaria en la que la Comunidad de Madrid aportó 16 millones de euros, según fuentes del Gobierno regional. Éste prevé aumentar esta cantidad, para el presente año, hasta los 19 millones de euros.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha reducido también de seis a tres meses el tiempo dedicado a la tramitación de los expedientes del turno de oficio, con el objetivo de aligerar y mejorar la asistencia jurídica gratuita que se dispensa tanto a presuntos autores de delitos como a las víctimas.