Los arqueólogos temen que el palacio del Canto del Pico sea "desintegrado"

No hubo unanimidad a la hora de decidir si el palacio del Canto del Pico debía perder o no su protección monumental, tal y como propone el Gobierno de Esperanza Aguirre. En las actas del último Consejo Regional de Patrimonio se refleja claramente que sus ocho integrantes mostraron posturas contrarias a la hora de valorar la descatalogación. Hubo quien dijo sí, pero anunciando posibles críticas "mediáticas"; otros que clamaron contra la "desintegración del palacio", también quien se quejó de las presiones políticas y quien manifestó que la edificación había perdido todo su valor con el paso de los años.

El palacio del Canto del Pico, en Torrelodones, puede perder en breve la máxima protección legal que actualmente le preserva contra cualquier modificación, venta o cambio de uso. (Véase EL PAÍS de ayer). La edificación, levantada en 1920 con restos de monumentos históricos de toda España, es monumento histórico-artístico desde 1930. Pero ahora el Gobierno regional quiere quitarle esta protección e incluirlo en un simple inventario de bienes. Argumenta que está muy dañado, que la Comunidad Valeciana se va a llevar uno de sus elementos más destacados (el claustro del monasterio de la Valldigna) y que todos los integrantes de la Comisión Regional del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid estaban de acuerdo.

Pero las actas de la comisión, celebrada el pasado 20 de enero, no reflejan exactamente esta versión. Sus ocho integrantes se dividieron en dos bandos: cinco estaban a favor de devolver el claustro a Valencia y descatalogar el edificio y otros tres no. Estos últimos argumentaban que se podía iniciar la "desintegración" del edificio, porque todas las comunidades autónomas podían empezar a reclamar piezas procedentes de monumentos existentes en sus territorios. Además, no entendían para qué había que desprotegerlo ni qué se ganaba con la nueva situación. Denunciaron presiones políticas.

Acuerdos

El director general de Patrimonio, Francisco Javier Hernández, a favor de la descatalogación, esgrimió un informe de los técnicos de su dirección general en el que se detalla una "pérdida de valores como bien de interés cultural" y la conveniencia de rebajarlo de catalogación. Recordó, además, que existía un acuerdo entre la Generalitat y los propietarios del palacio -una empresa británica- para que la Comunidad Valenciana entregase a cambio una réplica valorada en unos 100.000 euros. Consuelo Martorrell, del Colegio de Arquitectos, le apoyó.

Sin embargo, Pedro Navascués, historiador y arquitecto, aseguró que la devolución era "una operación muy delicada por el precedente que se creaba". Navascués habló de "determinadas presiones políticas o a instancias de otra comunidad autónoma". "Esto puede derivar", arguyó, "en que desde otras instancias se empiecen a reclamar otros elementos del patrimonio artístico". No le pareció tampoco que "la entidad del bien justificase su descatolagación". Por eso, se inclinó, en un primer momento, por denegar el traslado.

Pero el arqueólogo Jorge Morín de Pablos vio la "descatalogación del bien como positiva, aunque no en el contexto de la presión política". Destacó que el palacio del Canto del Pico era un "exponente o representación de una época y de una manera de entender el patrimonio, aunque hoy no se comparta". Morín de Pablos, "por el precedente que se crea y por las circunstancias que rodean este asunto, se inclinó a no aceptar el traslado".

Antonio Chazarra, representante del PSOE, afirmó entonces que el asunto le parecía "muy delicado" y que tampoco apoyaba el traslado a Valencia. Pero Enrique Zozaya, gerente municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, se mostró a favor de la devolución y exigió una réplica "que documentase históricamente cómo era el bien y que mantuviese la fisonomía del mismo".

Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico de la Comunidad, también a favor de la devolución y de la descataloga-ción del palacio, esgrimió que "el traslado del claustro no tiene la mayor incidencia por el escaso valor del palacio, pero sí lo puede tener desde el punto de vista mediático". Argumentó que el claustro debía volver a la Comunidad Valenciana y que se crearía un "precedente positivo".

Francisco Prieto, en representación del director general de Arquitectura, apoyó los argumentos de Baquedano y afirmó que el "palacio sólo tenía valor paisajístico y que el claustro no incidía en dicho valor". Se mostró a favor de la devolución, "obvió la situación política que pueda haber alrededor de dicho asunto y dio más valor a los aspectos técnicos". Argumentó que la devolución crearía un precedente positivo.

El director general de Patrimonio tuvo entonces que intervenir para aclarar que "no existía presión" alguna sobre la Comunidad, pero que había que tomar con "premura" una decisión.

En pleno debate, Navascués aseguró que no le "parece riguroso el planteamiento de la cuestión y que dudaba de que se estuviese cumpliendo la legislación". Morín de Pablos pidió entonces que había que ser conscientes de que se podía "desintegrar" el palacio, mientras Baquedano insistía en que había que devolver el claustro a Valencia.

Tras un debate jurídico, Navascués y Morín de Pablos y Chazarra se plegaron al resto de integrantes de la comisión y aceptaron que se trasladase el claustro y se descatalogase el palacio. Navascués arguyó que si el edificio estaba en ruina y se dejaba clara su historia, aceptaba el traslado. Chazarra también, y se unió a la "opinión mayoritaria", mientras que Morín de Pablos, aislado ya, se definió como una persona "realista", pero cerró la sesión recordando que se "abría una puerta que puede provocar la desintegración del palacio".