Michavila dice que los juicios en fin de semana agilizarán la Justicia
La consejera Hermosín muestra cautela y reivindica la deuda del Ministerio con la Junta
El ministro de Justicia, José María Michavila, inauguró ayer en la Universidad sevillana Pablo de Olavide un seminario sobre la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor hace 15 días. Michavila afirmó que la celebración de juicios penales todos los días, por la mañana y por la tarde, y durante los fines de semana va a ser, junto a los juicios rápidos, "muy positivos para la agilización de la justicia".
El ministro de Justicia expresó ayer su deseo de impulsar en Andalucía la creación de juzgados de lo mercantil "para resolver los problemas del pequeño y mediano empresario", al tiempo que agradeció a la Junta de Andalucía la "coordinación" y los "esfuerzos por trabajar juntos" en este sentido. Además, señaló la intención de llevar los juicios rápidos a la Justicia civil y utilizar este sistema en materia de familia, separaciones, tutelas de menores y también de vivienda, con la intención de "agilizar" esta jurisdicción "como ha ocurrido con la penal".
El ministro se mostró, "orgulloso" del consenso sobre la Ley del Poder Judicial y en las 17 leyes aprobadas en la legislatura. "Muy pocas las he sacado adelante yo sólo", afirmó. Michavila calificó la reforma de la ley como "el resultado del diálogo con todos y después de 40 meses de trabajo, 500 reuniones, 40 acuerdos con los sindicatos y la dedicación plena de gente especializada".
Por su parte, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Carmen Hermosín, presente el seminario, se mostró cauta al valorar los juicios rápidos. "Habría que sacarlos de campaña y ver si tiene sentido, pues no es verdad que haya menos delincuencia y no veo dónde está la persecución de la delincuencia importante", afirmó.
Hermosín también señaló que la reforma de la LOPJ va a "jerarquizar a los secretarios judiciales, que serán dependientes del ministerio de Justicia, cuando lo lógico sería que lo fuesen del Consejo General del Poder Judicial. También dijo que no había recibido todavía una respuesta "positiva a la deuda del Gobierno con Andalucía en materia de Justicia". La consejera exige al Gobierno una revisión "a fondo" del traspaso de las competencias, que se cerró en 1997 y que ha sido objeto de polémica por su cuantía.
La consejera ironizó sobre la posibilidad de que el Prado de San Sebastian, actual sede de los juzgados de instrucción y de la Audiencia de Sevilla, albergue la ciudad de la justicia que se ha comprometido a construir en cuatro años el PP si gana las elecciones. "Me parece bien que los sevillanos nostálgicos lo planteen, pero es insuficiente, está en el centro histórico de la ciudad y no es posible", concluyó.
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