Vuelco en las aulas

Ni ha sido improvisado el vuelco que el PP ha dado a la educación española, ni ha necesitado ocho años de gobierno para llevarlo a cabo. Sólo dos: 2001 y 2002. Los cuatro anteriores, en su primera legislatura en el poder, los equipos del Ministerio de Educación de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy se dedicaron a tantear a la sociedad y a la comunidad educativa sobre los cambios que José María Aznar tenía ya pensados desde mucho antes de ocupar la presidencia en 1996. El Gobierno llegó entonces a asegurar que abordaría las reformas con consenso. No ocurrió.

Una vez que en la segunda legislatura se alzó con la mayoría absoluta, el PP aprobó su ley universitaria sólo con el apoyo de CiU y Coalición Canaria (CC) y la Ley de Calidad, con el de CC. No ha habido financiación para la Ley de Calidad y sólo se han pagado dos medidas de la de universidades. En 2001 se anunció, debatió y aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y, en 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). En 2003, el Gobierno ha acabado de aprobar casi todos sus desarrollos y los de su otra reforma, la Ley de FP. La velocidad ha sido de vértigo y esas prisas han provocado duras críticas a los modos del ministerio y a la ausencia de consenso. Siete comunidades autónomas han recurrido las LOCE y la LOU al Tribunal Constitucional.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, hace una valoración muy positiva de su gestión. Explica que la finalidad de los cambios ha sido "mejorar las condiciones de formación de los alumnos para que haya una educación de más calidad y menos fracaso escolar". La ministra dice que lo que se pretendía es "dar más oportunidades a los alumnos para que consigan un empleo de calidad".

Respecto a las críticas sobre el escaso debate de las reformas, Del Castillo recuerda que "han sido aprobadas por una mayoría parlamentaria" y asegura que "en los puntos esenciales ha habido una coincidencia con la inmensa mayoría de la sociedad española". "Estos cambios eran un compromiso del PP, del año 2000, que se han ido cumpliendo estrictamente", añade la ministra.

El PSOE no lo ve así. Se trata de contrarreformas porque han sido cambios más ideológicos que educativos, afirman los socialistas. La responsable de Educación en la Ejecutiva del PSOE, Carme Chacón, dice que "han sido ocho años de retroceso educativo y de involución social". Chacón cita una serie de rasgos "permanentes" en la política seguida por el ministerio: "El abandono de la enseñanza pública que soporta el grueso de la carga en la escolarización de los alumnos con más dificultades, empezando por los niños inmigrantes; el regreso a una educación decididamente clasista, y el afán adoctrinador".

Lo cierto es que el PP nunca simpatizó con las leyes que habían aprobado los socialistas tras años de debates con unos y otros. Los populares empezaron ya en la primera legislatura a sembrar de críticas el sistema educativo, lanzaron el mensaje de que todo estaba fatal. Éste caló en su electorado y desató la indignación en el que no lo era.

Esperanza Aguirre provocó ya las primeras protestas. Llegó en 1996 al ministerio procedente del ala neoliberal de PP y no tardó en exponer abiertamente su particular concepción de la educación. Aguirre fue la primera en decir que no tenía sentido pretender que todos los alumnos aprendieran lo mismo en la educación obligatoria. El polémico mensaje lo retomó Pilar del Castillo (2000-2004) y lo ha materializado en la división de los estudiantes en itinerarios a partir de los 14 años; la creación de una iniciación profesional temprana (a partir de los 15 años) para los que vayan peor; la multiplicación de las repeticiones de curso permitidas; el establecimiento de una única alternativa a la clase de Religión Católica con contenidos también religiosos (la asignatura de Hecho Religioso) y la recuperación de la reválida al final del bachillerato.

"Si se caracteriza por algo la gestión del PP es por un cambio de modelo para rescatar parámetros autoritarios y obsoletos, es decir, que van en la línea contraria de la pedagogía moderna, la de buscar que el máximo número de alumnos alcance el mayor grado de conocimientos posible (al menos el bachillerato)", dice el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, que lleva más de una década al frente de este departamento. Su homólogo en UGT, Jesús Rámón Copa, añade que "la estrategia del Gobierno ha sido el plantear una educación pública en clave de beneficiencia para los que no se puedan pagar una privada".

El padre de la principal ley socialista -la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)-, Álvaro Marchesi, destaca cuatro rasgos de los últimos ocho años de gobierno: "La elección de la separación de los alumnos para resolver los problemas existentes; el énfasis casi absoluto en el aprendizaje conceptual; la falta de apoyo a la escuela pública, otorgando un mayor protagonismo y financiación a la enseñanza privada, y la recuperación de un estilo centralista de adoptar decisiones".

Porque las relaciones del ministerio con la mayoría de las comunidades autónomas han sido tremendamente tensas.

Los enfrentamientos con las universidades han sido el otro gran conflicto de los últimos ocho años.

Unas 350.000 personas protestaron en la calle en diciembre de 2001 contra la LOU. Entre ellas, 25 rectores. Uno de los que ha vivido más de cerca el proceso es Saturnino de la Plaza (presidió la Conferencia de Rectores de 1998 a 2002). Tiene un mal recuerdo de los roces con Aguirre, bueno de la etapa de Rajoy ("fue más dialogante y aprobó algunas medidas") y peor de la última época. De la Plaza dice que los aspectos más negativos han sido "que el Gobierno haya sido incapaz de lograr un punto de encuentro con las universidades; la selección del profesorado por una habilitación nacional; el exceso de reformas innecesarias en los centros universitarios y que no se haya analizado la necesidad de financiación de las universidades públicas".

Josep Maria Bricall, que ha sido presidente de los rectores europeos e impulsó el Informe Universidad 2000, considera que el principal problema es que en España "los debates sobre los cambios que necesita la educación superior se centran en temas del pasado". "En otros países no se está hablando de qué prueba hay que poner tras el bachillerato o de otros pequeños detalles, se analiza cómo diversificar la educación superior y cómo configurar una educacion a lo largo de toda la vida. Para esto, a la Universidad hay que dejarla sola, no recortar su autonomía".

En los últimos ocho años, el panorama educativo español ha vivido cambios que se agudizarán en el futuro próximo. Desde 1996 han aumentado de 60.000 a 400.000 los alumnos inmigrantes. Además, los avances científicos en campos como la biología o la sanidad hacen necesaria una actualización permanente de los contenidos y las nuevas tecnologías deben introducirse de lleno en las aulas y en la pedagogía. Para ello se tenía que haber previsto ya una importante apuesta económica

Como ha bajado el número de alumnos, ahora se dan más euros por estudiante. Pero el gasto por alumno universitario está un 30% por debajo de la media en la UE y se ha reducido el gasto público en educación del 4,9% al 4,4% del PIB desde 1996.