Ausbanc arremete contra la Junta y ofrece cobertura jurídica a todos los afectados del 'caso Opening'

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ofreció ayer a todos los afectados del caso Opening cobertura jurídica. Las academias de inglés Opening cerraron y los bancos siguen solicitando a los alumnos el pago de los créditos concedidos para cursar los estudios. "Lo único que tienen que hacer los afectados es no estar personados en otro procedimiento y acogerse a nuestras medidas cautelares, que prohíben a los bancos cobrar los créditos", señaló ayer en rueda de prensa el letrado de la asociación, Rafael García.

El abogado indicó que el auto dictado por el juez de primera instancia de Madrid el pasado 3 de julio, que prohíbe a las entidades financieras reclamar los créditos concedidos a los alumnos de Opening e incluir sus datos en el registro de morosos, "legitima a los afectados para no pagar y en él se pueden refugiar todos los alumnos que no estén en otro procedimiento", afirmó el representante de Ausbanc.

García recordó que la asociación que representa emprendió un camino judicial diferente al de la Junta y al de las asociaciones de consumidores. "Ahora", dijo, "somos los únicos que tenemos las medidas cautelares para no pagar".

El letrado criticó "la mala gestión" de la Dirección General de Consumo de la Junta y a su directora, Elia Maldonado. "Cuando saltó el asunto, no se puso en contacto con nosotros, que somos líderes en esto, y sólo encontramos trabas e incomunicación", señaló.

Ausbanc eligió un procedimiento judicial ordinario para representar a sus afectados. La Junta y las tres asociaciones de consumidores se acogieron a una figura creada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, intereses difusos, para presentar una demanda colectiva.

La semana pasada, la Audiencia Provincial de Sevilla no aceptó esta demanda colectiva en defensa de los consumidores y decidió devolver el Juzgado de Primera Instancia el proceso para que se reinicie. "El procedimiento que eligieron era inadecuado puesto que los afectados sí se pueden identificar con nombres y apellidos, esto no es un escape de gas en una central nuclear donde los afectados son difíciles de localizar pues pasan los años y surgen más casos, esto es un caso puntual", indicó.

También reprochó a la Dirección General de Consumo, "la falta de colaboración incomprensible y la urgencia en la acción judicial impulsada políticamente por Elia Maldonado y subvencionada con fondos públicos". Las asociaciones de consumidores y la Junta decidirán hoy si recurren al Tribunal Supremo la sentencia de dictada por la Audiencia o si inician de nuevo el proceso. En Andalucía, hay cerca de 10.000 estudiantes afectados en el caso Opening.