Eudel demanda un derecho de tanteo en la compra de suelo

La Asociación de Municipios Vascos-Eudel quiere que la futura ley de Suelo de la comunidad autónoma incluya el derecho de tanteo y retracto en la adquisición de terrenos. Eso significa que los propietarios de los suelos urbanos o urbanizables, donde siempre hay una reserva para vivienda protegida, estarán obligados a comunicar a los ayuntamientos su intención de venderlos y el precio. Los municipios tendrán un derecho preferencial de compra y podrán adquirirlos por lo que se escritura, evitando así fraudes, como la venta por encima de lo escriturado.

Y en caso de que se formalice la venta y no se haya comunicado al ayuntamiento, éste podrá echar atrás la operación si sospecha que el vendedor va a recibir más dinero del que ha firmado en las escrituras, y adquirir el suelo al precio original. Con la aplicación del derecho de tanteo y retracto se obliga, como mínimo, a que el propietario del terreno declare la verdad sobre el precio. También es una fórmula para que los ayuntamientos se hagan con suelo y para que el comprador, si no es el municipio, no cargue en el precio final de las viviendas que vaya a construir el sobrecoste de pagar más de lo escriturado.

En la actualidad, Euskadi ya cuenta con una Ley de Tanteo y Retracto, pero sólo es de aplicación a la venta de viviendas de protección oficial (VPO). Esta norma fue aprobada por el Parlamento en 1998 y concede al Gobierno derecho preferencial en la transmisión de las viviendas protegidas. El Departamento de Vivienda ha expropiado varios centenares de pisos por este sistema, al detectar que los dueños pretendían vender las casas por encima del precio estipulado en las escrituras, que estaba muy por debajo del mercado libre de vivienda, con lo que obtendrían grandes beneficios.

La comisión ejecutiva de Eudel aprobó a finales del año pasado un documento en el que incluye la necesidad de introducir el derecho de tanteo y retracto en la adquisición de suelo. Según el presidente de Eudel, Karmelo Sainz de la Maza, se trata de un instrumento más dentro de un conjunto de medidas propuestas por la asociación para frenar el encarecimiento de la vivienda. "Uno de los factores del encarecimiento", explica, "es el suelo y hemos observado que el precio real de compra no es el de escritura. La fórmula para frenar este fraude es que los ayuntamientos también tengamos derecho a comprar ese suelo. Queremos que se pueda aplicar con carácter general en la gestión de solares protegidos. Eso exige que la futura Ley de Suelo incorpore está previsión".

Soluciones nuevas

En la legislación actual, tanto los suelos urbanos como urbanizables incluyen porcentajes de reserva para la construcción de pisos de protección oficial. Así, en el suelo urbano consolidado (terrenos en casco urbano preparados para edificar) la cifra es del 20% para VPO; en suelo urbano no consolidado (necesita algún acondicionamiento) es del 20% y en terreno declarado como urbanizable, asciende al 65%. El anteproyecto de ley de Suelo con el que trabaja el Departamento de Vivienda, que dirige IU, recoge el incremento de estos porcentajes.

Sainz de la Maza considera que las administraciones no están acertando con la política de vivienda, que exige "soluciones nuevas". "No creo en medidas estrellas para terminar con la carestía de la vivienda; creo en un conjunto de medidas flexibles para hacer más vivienda".

Según el presidente de Eudel, no se trata de un problema de calificación de suelo porque en Euskadi hay cantidad. El problema radica en la gestión de esos solares. "Hay suelo retenido esperando su encarecimiento", denuncia. Para evitar esa especulación apoya la creación de la figura del agente urbanizador, que ya incluye el anteproyecto del Departamento de Vivienda. "Si en un momento determinado la ciudad tiene que crecer por un espacio y el dueño del terreno no lo pone en marcha, tiene que existir un tercero (el agente urbanizador) que lo active", apunta.

También apela a que la futura ley de Suelo respete la autonomía municipal y siga permitiendo que los ayuntamientos destinen el 10% de aprovechamiento de cualquier terreno que en la actualidad les corresponde a vivienda protegida, regeneración urbana o a equipamientos. "Sería un error", asegura, "obligar a que sólo se haga VPO con ese 10%. Hay que atender a la realidad de cada ayuntamiento. Muchos ya lo destinan todo a vivienda, pero puede haber otras necesidades a la hora de hacer ciudad".