Profesionalización sobrevenida

El 31 de diciembre de 2001, el servicio militar obligatorio pasó a la historia. Tras más de dos siglos de azarosa existencia, el PP le dio carpetazo definitivo.

La supresión del reclutamiento forzoso no figuraba en el programa con el que José María Aznar se presentó a las elecciones de 1996. Su promesa, copiada de la de Jacques Chirac en Francia, era reducir a seis meses el tiempo de servicio en filas, que el PSOE ya había dejado en nueve.

Durante la elaboración del programa electoral, Aznar rechazó incluso la profesionalización total de las Fuerzas Armadas que le propuso el entonces responsable de Defensa del PP y luego director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso. Sin embargo, la necesidad de contar con los votos de CiU para llegar a la Presidencia del Gobierno le llevó a incluirla en su discurso de investidura.

El anuncio de que la mili tenía fecha de caducidad dio alas a la objeción de conciencia que, con 100.000 solicitudes en 1997, alcanzó cifras sin parangón en el resto del mundo. Pero era más fácil licenciar a los quintos que contratar a los profesionales.

La caída de la natalidad y la mejora del paro juvenil complicaron el reclutamiento de soldados, a pesar de que se abrieron las puertas de los cuarteles a los extranjeros y se redujeron al mínimo los requisitos de ingreso.

Finalmente, el Gobierno tuvo que aceptar que el objetivo de contratar a más de 100.000 efectivos de tropa era inalcanzable y conformarse con los 70.000 que tenía a finales de 2003.

Para pilotar la transición, Aznar fichó a un independiente, Eduardo Serra, ex alto cargo de Defensa con UCD y el PSOE, que fue la gran sorpresa de su primer Gobierno. Tras las elecciones de 2000, le sustituyó en el cargo Federico Trillo-Figueroa, presidente del Congreso en la primera legislatura del PP.

Cuando estaba en la oposición, Trillo-Figueroa fue uno de los denunciantes de los escándalos del Cesid. Como ministro, le tocó culminar la reforma del servicio secreto, rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ocho de cuyos miembros figuran entre las víctimas de la intervención española en Irak.