¿Suben las pensiones?
Al igual que ocurrió el año pasado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha llevado a cabo una intensa campaña publicitaria para anunciar que los pensionistas recibirán la paga extra que les compensa por la desviación del incremento del IPC y que este año subirán las pensiones mínimas por encima de la inflación, algo que suele suceder en los años en los que hay elecciones generales. Parece que las ideas que se quiere transmitir a la opinión pública son que, desde que gobierna el PP, no existen problemas financieros en el sistema español de pensiones y que la generosidad de dicho sistema ha aumentado.
En realidad, no es cierto ni lo uno ni lo otro. En primer lugar, los problemas financieros a los que el sistema español de pensiones tendrá que hacer frente en el medio plazo son, tras ocho años de gobierno del PP, tan preocupantes como lo eran a principios de los años noventa. Sobre ello se ha escrito mucho. Y cualquiera que haga bien los cálculos tendrá que concluir que, dadas las tendencias demográficas y si no se alteran las normas de acceso y de cálculo de las pensiones, el gasto en pensiones aumentará considerablemente en las próximas décadas, lo que dará lugar a problemas graves de financiación. A este respecto, el superávit que la Seguridad Social ha estado obteniendo durante los últimos años es un espejismo resultado de la conjunción de tres factores transitorios: la llegada a la jubilación de cohortes menos numerosas, el aumento de cotizantes, en buena parte debido al boom inmigratorio, y el incremento de las cotizaciones sociales, cuya ratio en relación al PIB ha aumentado en un punto porcentual desde mediados de los años noventa. En las próximas décadas, las cohortes de jubilados serán mucho más numerosas, la inmigración neta no podrá mantener las tasas de crecimiento observadas en los tres últimos años y aumentos adicionales de las cotizaciones sociales pondrían en peligro el crecimiento económico.
La renta relativa de la población jubilada no ha aumentado significativamente
En segundo lugar, ni la revalorización de las pensiones con el IPC ni los aumentos de las pensiones mínimas por encima de la inflación han supuesto un incremento apreciable de la generosidad del sistema. Para medir la generosidad de un sistema de pensiones, lo correcto es comparar la pensión que recibe un individuo con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral. Dadas las limitaciones de acceso al registro de historiales laborales de la Seguridad Social, no es posible realizar estos cálculos. Como alternativa se suele utilizar el cociente entre la pensión media y el PIB por ocupado, es decir, la parte de la producción de cada trabajador ocupado que, por término medio, se transfiere a cada jubilado. Pues bien, en 1996 la ratio entre la pensión media de jubilación del régimen general de la Seguridad Social y el PIB por ocupado era del 20,82%; en 2003, del 20,84%. Y por lo que se refiere a las pensiones máxima y mínima, han pasado, respectivamente, del 69% y del 15,7% del PIB por ocupado en 1996, al 63,5% y el 14,8%, en 2003.
Así pues, la renta relativa de la población jubilada no ha aumentado significativamente y no parece que lo pueda hacer en el futuro. El mantenimiento del gasto en pensiones en relación al PIB en niveles que puedan ser financiados con el actual sistema de reparto, sin aumentos considerables de las cotizaciones sociales que afecten negativamente a las futuras generaciones de trabajadores, no es compatible con incrementos de la generosidad del sistema de pensiones. Dado que en 2050 la población jubilada en relación a la población en edad de trabajar será aproximadamente el doble que en la actualidad, el gasto en pensiones, de mantenerse la actual relación entre la pensión media y el PIB por ocupado, y aun cuando la tasa de empleo creciera hasta el 70%, aumentaría en alrededor de seis puntos porcentuales, hasta alrededor del 15% del PIB.
Por tanto, los próximos gobiernos tendrán que proveer recursos adicionales para financiar este incremento del gasto o habrán de proceder a reducir la cobertura y la generosidad de las pensiones. En definitiva, el problema al que se enfrentarán es cómo distribuir el coste del envejecimiento de la población entre los individuos de las distintas generaciones y entre los individuos de cada generación.
Ante este problema, la actitud política responsable no es seguir utilizando de forma torticera las pensiones como propaganda electoral, sino explicar de forma clara y transparente las ventajas y los inconvenientes de sus propuestas para adaptar el sistema de pensiones a la nueva realidad socioeconómica. Si no se hace, habrá sorpresas desagradables con las pensiones.
Juan F. Jimeno y J. Ignacio Conde-Ruiz son investigadores de FEDEA y profesores de Economía en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Carlos III, respectivamente.
