Tres presos piden declarar por una muerte en Brians

Tres reclusos de la prisión de Brians han solicitado protección al Departamento de Justicia de la Generalitat para declarar ante el juez en un caso de supuestas torturas que derivó en la muerte del interno José Manuel Valencia Jorge, ocurrida en esa cárcel el 4 de enero. La Administración autonómica dio el caso por cerrado al cabo de 10 días y exculpó a los funcionarios, pero un juzgado de Martorell mantiene abierta la causa.

Los presos han solicitado protección después de haber escrito unas cartas en las que relatan los supuestos malos tratos que sufrió el interno José Manuel Valencia la noche del 4 de enero. Esas cartas han sido remitidas al director general de Servivios Penitenciarios y Rehabilitación de la Generalitat, Albert Batlle, y al juez de Martorell que investiga el caso. Los hechos ocurrieron cuando Valencia vivió un incidente con otro recluso en la celda 203 del departamento de psiquiatría de la cárcel de Brians (Sant Esteve Sesrovires). Varios funcionarios acudieron a separarlos y sacaron a Valencia de la celda, sin que entonces tuviera ningún moratón ni signo de violencia, relatan algunos testigos.

Sin embargo, las cartas de los presos explican que, una vez fuera de la celda, su compañero fue golpeado y pateado por los funcionarios antes de ser trasladado a una celda de aislamiento, donde se le ató de pies y manos y supuestamente continuaron los golpes.

Al cabo de media hora, el interno falleció y el médico forense certificó que la causa de la defunción fue una parada cardiorrespiratoria. El informe de la autopsia tampoco apreció contusiones en el cadáver. Por todo ello y después de tomar declaración a los funcionarios, el Departamento de Justicia de la Generalitat los exculpó al considerar que no hubo "ninguna actuación indebida". La Administración autonómica también aseguró que la muerte del preso se debió a una enfermedad cardiaca. De esta manera dio carpetazo a la investigación interna que había abierto a las pocas horas de ocurrir los hechos. El recluso llevaba 14 años en prisión y cumplía condena por asesinato.

Testigos en el juzgado

Pero al margen de esa información administrativa que siempre abre la Generalitat en estos casos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Martorell también incoó diligencias, y la causa sigue abierta. La familia del preso fallecido ha designado una abogada para que ejerza la acusación y esté presente en todas las diligencias que realice el juez. El lunes, por ejemplo, declaró una doctora que estaba presente la noche en la que ocurrieron los hechos y que reconoció al recluso, primero cuando fue sacado de la celda por los funcionarios y no presentaba ninguna contusión, y media hora después, cuando los funcionarios la llamaron al ver que su vida corría peligro. El preso murió minutos después. El juez también ha tomado declaración entre ayer y anteayer a los funcionarios que separaron a los presos.

Las cartas que han remitido los presos al Departamento de Justicia de la Generalitat se hicieron llegar a través del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, dependiente de la Universidad de Barcelona. También han sido presentadas al juez por la abogada de la familia del recluso fallecido, quien ha solicitado que se les tome declaración. Un portavoz de Justicia confirmó ayer que los presos han pedido al juez que les tome declaración, pero declinó informar sobre si serían o no protegidos por la Administración, al considerar que estas decisiones han de adoptarse "con discreción".

El mismo portavoz consideró que era "lógico y muy acertado" que el juez siga investigando los hechos antes de tomar una decisión. Hasta que eso no ocurra y en función de cuál sea el pronunciamiento judicial, la Generalitat no tiene previsto reconsiderar su decisión administrativa sobre el caso.

Los funcionarios de Brians que participaron en estos hechos siempre han defendido su actuación y han asegurado que si el preso tenía alguna contusión fue porque se la produjo él mismo durante el forcejeo. Los funcionarios han recordado que el preso fallecido era un enfermo psiquiátrico, corpulento y con un coeficiente intelectual muy bajo, que se encaró directamente con los funcionarios. Eso les obligó, afirman, a utilizar las porras y a esposarlo.