Los ayuntamientos informarán sobre todas las condiciones de las escuelas concertadas

A partir del curso 2004-2005, los ayuntamientos catalanes deberán informar a las familias sobre cuáles son los centros escolares concertados del municipio para evitar cobros irregulares en los colegios que reciben financiación pública. Los ayuntamientos, además, tendrán que proporcionar información sobre las cuotas que deben pagar las familias en cada colegio concertado, así como de su oferta educativa y sus actividades extraescolares. Terrassa, Mataró y Figueres serán, por otra parte, los primeros municipios que pondrán en marcha las oficinas de escolarización que controlarán el proceso de matriculación.

El Ayuntamiento de Mataró (Maresme) fue el primero que se ofreció a Enseñanza como conejillo de Indias para ensayar las oficinas de escolarización, cuyo objetivo, según explica el concejal de Educación, Pep Comas, será garantizar que el proceso de escolarización sea justo y "que se produzca sin segregación alguna por raza, sexo, religión o clase social".

Comas considera que este instrumento impulsará una mejor distribución de los alumnos que se incorporan con el curso ya empezado, lo que se conoce como matrícula viva. Los colegios de Mataró ya han acogido a 400 nuevos estudiantes desde principios de septiembre. Terrassa (Vallès Occidental) y Figueres (Alt Empordà) también dispondrán el próximo curso de estas oficinas que, progresivamente, se irán extendiendo a todos los municipios catalanes, afirma Comas.

Pago de cuotas

Los centros de información educativa, en cambio, deberán funcionar ya en todos los municipios este mismo año. "La idea es que los ayuntamientos puedan explicar las condiciones y ofertas de los centros de su área", afirman en Enseñanza, "de forma que puedan informar sobre los colegios que son públicos, los que reciben conciertos o los que son privados; las cuotas que deben pagar los padres en cada uno de estos centros, así como su oferta educativa -si ofrecen los cuatro tipos de bachillerato o no, los ciclos formativos que enseñan, etcétera-, así como si tienen algún tipo de ideario; por ejemplo, si son de tipo religioso".

El departamento que encabeza Josep Bargalló considera estos cambios "muy significativos" porque "acabarán las opacidades de algunos centros, y los padres no tendrán que ir colegio por colegio a preguntar, aunque eso, por supuesto, se podrá seguir haciendo". Las oficinas "garantizarán la objetividad y la transparencia del proceso y la publicidad de los derechos y los deberes de los padres en el centro, de manera que ninguno sea más opaco que el resto sobre cómo es el centro, cuál es su ideario y qué reclama de los padres".

El marco unitario de la comunidad educativa (MUCE), formado por madres y padres, movimientos de renovación pedagógica y los sindicatos CC OO, UGT y USTEC, ya ha dado el visto bueno a la iniciativa del Ejecutivo catalán de traspasar estas competencias en educación a los ayuntamientos. La Confederación de Sindicatos Independientes y de Funcionarios (CSI-CSIF), en cambio, se opone a la medida por el "daño irreparable a la educación pública" y el riesgo de "control político social de la educación y del profesorado".

Bargalló ha explicado en varias ocasiones que la iniciativa de las oficinas de escolarización no debe confundirse con un punto único de matriculación, sino que será "un lugar de coordinación municipal donde los padres puedan escolarizar a sus hijos". No obstante, el consejero advirtió la semana pasada de que las futuras oficinas "no serán un espacio lúgubre o sin luz y con largas colas en su entrada", porque las nuevas tecnologías posibilitarán una buena coordinación entre los centros. El consejero agregó: "Una mayor participación de los ayuntamientos, que conocen la realidad social de su municipio, y no del Departamento de Enseñanza, ayudará a estas comisiones a saber matizar el derecho preferente de los padres en función de la realidad social".