El vendedor del solar de la cárcel del Bages dirige un ente público dedicado a evitar la especulación

Ricard Torras, máximo responsable de Activitats i Territori, empresa que compró los terrenos para la cárcel del Bages por 1,3 millones de euros y los vendió a la Generalitat por 5,2 en el plazo de un año, preside una sociedad con participación de capital público y privado, Projectes Territorials del Bages (PTB), cuyo objetivo es impulsar proyectos que no se pueden afrontar de manera individual y que representan un apoyo al progreso del territorio. Entre otras preocupaciones, los fundadores del PTB tenían la de preservar el Plan del Bages de los movimientos especulativos en el punto donde se ha producido la operación de venta de terrenos para una prisión.

La operación que realizó el Gobierno de CiU con la compra de los terrenos para la construcción de un centro penitenciario en Sant Joan de Vilatorrada (Bages) ha afectado a una parte de las principales empresas del sector que operaban en la comarca. La sociedad Activitats i Territori, SA, responsable de la venta de las fincas al anterior Gobierno de la Generalitat, está integrada por algunas de las familias económicamente preeminentes de la zona, relacionadas total o parcialmente con el mundo inmobiliario, y en ella está también Ricard Torras.

El Plan del Bages afecta a un espacio en el que se cruzan el Eix del Llobregat y el Eix Transversal. Se trata de una zona codiciada y se creó PTB para evitar movimientos especulativos. En el área hay ya una alta implantación industrial. En PTB no sólo participan los empresarios de Activitats i Territori. La entidad está encabezada por Caixa de Manresa, de la que es vicepresidente Ricard Torras, y el Ayuntamiento de Manresa, y participan en ella la mayoría de ayuntamientos y los grandes empresarios de la comarca del Bages.

No hay una relación directa entre la empresa Activitats i Territori y PTB, pero coinciden los nombres en la dirección de ambas firmas.

La operación de compra y venta de los terrenos para la prisión ha afectado a la cohesión de PTB, según personas próximas a la entidad. A mediados de la próxima semana se celebrará una reunión del Consejo de Administración que se prevé tensa. Los ayuntamientos coinciden en la necesidad de abrir un periodo de profunda reflexión sobre las funciones de la empresa mixta.

Revisar actitudes

Jordi Valls, alcalde socialista de Manresa, entiende que PTB "es aún un buen instrumento", pero propone "revisar contenidos y actitudes". El alcalde de Sant Fruitós, Josep Rafart (CiU), cree que se debe reflexionar sobre lo ocurrido y el de Sant Joan, Ezequiel Martínez (PSC), considera que la sociedad no puede comprar suelo rústico y debe haber más información; haciendo autocrítica, pide que los municipios tengan posiciones unitarias en el Consejo de Administración.

PTB tiene como director a Xavier Isard, un ex técnico del Incasol (organismo del Departamento de Política Territorial), y entre sus técnicos figura Joan Antoni Solans, ex director general de Urbanismo hasta la llegada de Pere Macias al departamento. El mismo Ricard Torras, que preside el Consejo de Administración, admite que la operación de los terrenos de la prisión "ha afectado" a su imagen y se siente disgustado con sus negociadores porque no le desvelaron la finalidad de los terrenos que vendía. Entiende que su continuidad en la sociedad de capital público y privado es cosa del consejo y deja claro que su cargo "siempre está a disposición de lo que se decida". Asimismo lamenta que se hayan mezclado las actividades empresariales de quienes están al frente de las dos sociedades.

Torras ha explicado que Activitats i Territori vendió al Incasol pensando que "había alguna implantación industrial a la vista", incluso le pasó por la cabeza "la posibilidad de que se construyera un aeropuerto", ya que en Política Territorial se insistía en que en el centro de Cataluña debía haber una instalación de este tipo. Torras sabía que el plan urbanístico de Sant Joan no permitía la recalificación de este espacio agrícola, pero el Gobierno catalán insistió en una operación que se cerró en poco más de un mes, e incluso fue la Generalitat la que fijó el precio final, según Torras.

"Una buena operación"

El empresario admite que se trataba de "una buena operación". La empresa había adquirido la totalidad de los terrenos en tres compras por 1,3 millones de euros y los vendió por 5,2 millones. Las primeras adquisiciones están registradas el mes de enero del 2002 y las últimas en mayo del 2003, un par de meses antes de firmar la venta con el Incasol. Activitats i Territori no tuvo ningún contacto con el Departamento de Justicia, que fue el que hizo el encargo de compra al Incasol.

Ricard Torras dirige la empresa Activitats i Territori y participa en ella en representación de una empresa familiar, Tesela. Torras es nuevo en el sector inmobiliario. Entró hace un par de años, después de vender su empresa Metalbages, con un millar de trabajadores, a la compañía vasca Gonvarri. En la firma también están representados el presidente de una importante asesoría de Manresa, Jesús Maria Feliu; una de las constructoras de más peso de la ciudad, Constructora d'Aro, y la familia Torres-Camprubí, fundadores de la cadena de supermercados Supeco, que vendieron y que ahora actúa como Champion vinculada al grupo Carrefour.

El presidente de Constructora d'Aro, Josep Tragant, afirma estar "perplejo" ante el resultado de la operación. "He tenido muchos tratos con el Incasol a través de mi empresa, siempre relacionados con la construcción de vivienda o de polígonos industriales. Nunca pensé que estábamos vendiendo los terrenos para una prisión", afirma. "Cuando conocí la noticia me quedé hundido". Tragant explica: "Mi sueño era tener en el Bages una implantación industrial de calidad relacionada con la universidad, un tipo de parque tecnológico al estilo anglosajón, no una prisión". Asegura que está disgustado con el Gobierno de la Generalitat que formalizó la compra.

En Santpedor, ERC y CiU han lanzado las primeras críticas. "Nos planteamos la posibilidad de pedir la dimisión de la dirección de PTB, pero exigimos que haya una reorientación de los objetivos de la sociedad. No estamos de acuerdo en que se especule con el suelo, en que se compre rústico para convertirlo en industrial", afirma Laura Vilagrà, alcaldesa de Santpedor.