El juez niega el traslado a la Audiencia del supuesto fraude de Hidrocarburos

El titular del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, Francisco Zurita, anunció ayer que el caso del fraude fiscal millonario presuntamente cometido por Hidrocarburos Andaluces no pasará a la Audiencia, tal como solicitaron las partes. El juez no argumentó la base jurídica para determinar su competencia, al suspender nuevamente el juicio por la renuncia del abogado defensor de uno de los 20 acusados, J.B.P.P., considerado por el Ministerio Fiscal como "uno de los máximos exponentes intelectuales de la trama defraudatoria urdida".

Según fuentes judiciales, Francisco Zurita aplazó la vista oral para el próximo 5 de febrero, hasta que sea designado un abogado de oficio, momento en el que los 20 imputados del caso se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, y delitos continuados contra el mercado, los consumidores y la Hacienda Pública.

Para ellos, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas que suman 70 años de cárcel, multas de hasta 60 millones de euros y una indemnización de 5,6 millones de euros para la Agencia Tributaria. La acusación considera que la empresa Hidrocarburos Andaluces de Albolote (Granada) defraudó casi seis millones de euros a la Agencia Tributaria, después de vender en menos de dos meses más de 20 millones de litros de gasóleo a precio inferior al mercado, eludiendo así el pago de los impuestos que gravan los combustibles entre marzo y abril de 1996.

Tras ser denunciada, la empresa solicitó un aplazamiento por falta de liquidez, intentando vender la empresa a unos terceros "para que no quedara nadie como responsable".

El juez de instrucción remitió el caso a la Audiencia Nacional dada su embergadura -las pruebas documentales llegaron a ocupar una habitación-, que se inhibió y lo devolvió a su primera jurisdicción dado que los delitos se habrían consumado en Granada.

Los abogados defensores de los 20 acusados en el caso elevaron ayer su protesta contra la decisión del Juzgado de lo Penal 3 de Granada de no remitir el caso a la Audiencia Provincial donde, de no obtener una sentencia favorable para los acusados, hubieran tenido más posibilidades de recurrirla.