Miles de indios se enfrentan a los terratenientes en Brasil

El enfrentamiento de 3.000 indios guaraníes y caiuás con los hacendados en Japorá a 464 kilómetros de Campo Grande, en el Estado de Mato Grosso do Sul, casi en la frontera de Brasil con Paraguay, alcanzó el pasado miércoles una gran tensión al resultar heridos cuatro indígenas y dos agricultores, al mismo tiempo que un muchacho de 14 años era herido en la nuca con arma de fuego.

El enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, comenzó cuando 300 hacendados cerraron la entrada a una de las propiedades invadidas como protesta por la permanencia de los indios dentro de sus tierras. También los terratenientes prendieron fuego en una zona cercana al puente y los indios creyeron que iban a incendiar la finca para obligarles a salir. Y explotó la violencia. Los indios estaban armados con flechas, palos y espingardas, y entre los hacendados, por lo menos uno de ellos, según informó la policía, empuñaba un revólver.

La pugna entre los indios, que reivindican la propiedad de terrenos que el Gobierno les había concedido, y los terratenientes que, con la connivencia generalmente de políticos locales, jueces y policías corruptos les fueron quitando tierras se ha agravado en varios lugares de Brasil tras la llegada del presidente Lula. El obispo de San Félix de Araguaia, el español Pedro Casaldáliga, ha manifestado a este diario que la situación obedece a que los indios se sienten más fuertes tras las promesas hechas por Lula, al mismo tiempo que los propietarios rurales han intensificado su violencia. El Consejo Indigenista Misionero, órgano de la Conferencia Episcopal, acaba de publicar un documento muy duro que critica la lentitud del Gobierno en cumplir sus promesas electorales.

Los indios guaraníes y caiuás de Mato Grosso do Sul alegan que la superficie de 9.400 hectáreas de tierra que les habían sido adjudicada, se ha reducido por la codicia de los agricultores en 1.600 y que el Gobierno no ha hecho nada para que pudieran recuperarlas. De ahí que decidieran invadir las fincas que ellos consideran levantadas ilegalmente en su territorio. Los jueces habían ordenado a la policía desalojar a los indios de las tierras ocupadas y les habían dado de plazo hasta el martes pasado para retirarse.

Cumplido el límite, la misma justicia, quizás para evitar enfrentamientos sangrientos y para dar tiempo a nuevas negociaciones, aplazó dicha fecha.Más de 600 policias se encuentran preparados con helicópteros y armas para ejecutar en cualquier momento las órdenes de desalojo.