Bargalló anuncia una nueva ley de guarderías para el mes de febrero
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El consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, anunció ayer que el próximo mes de febrero podría estar listo el proyecto de ley para atender la demanda social de guarderías, de acuerdo con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que hace año y medio recogió 84.000 firmas para que se crearan nuevas plazas para niños de entre 0 y 3 años. En declaraciones a COM Ràdio, el consejero abogó para que el Parlamento "convierta en ley aquello que la gente firmó"; "entre ellos yo mismo", señaló.
Según Bargalló, el trámite parlamentario es un requisito indispensable para poner en marcha el proceso de ampliación del sistema público de guarderías, de forma que "cuando tenga que negociar con los demás consejeros sobre temas presupuestarios, si me obliga la ley, los podré convencer más fácilmente", declaró.
El largo camino de la iniciativa popular para la creación de guarderías empezó su andadura a principios de 2002. En aquellas fechas, el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), formado por profesores, sindicatos, estudiantes y asociaciones de padres de alumnos, de vecinos y de consumidores, se manifestó "harto" de esperar a que el Departamento de Enseñanza, entonces en manos de Convergència i Unió, cumpliera con sus promesas de creación de 30.000 nuevas plazas para niños de 0 a 3 años.
Entonces decidieron unirse para impulsar un proyecto de ley que pusiera fin a la falta de guarderías. El proyecto ciudadano logró reunir más de 80.000 firmas, que fueron entregadas al Parlament en septiembre de 2002. En noviembre de ese mismo año, todos los partidos de la Cámara catalana aprobaron por unanimidad la iniciativa legislativa popular, lo que se traduce en un acuerdo de compromiso para elaborar una proposición de ley al respecto. La ILP es un mecanismo de participación que da a los ciudadanos la posibilidad de activar la discusión y aprobación de una ley en el Parlamento. Para ello es necesario recoger un mínimo de 65.000 firmas en 90 días.
Decreto de admisión
Por otra parte, Enseñanza explicó ayer a los sindicatos que se mantendrá el redactado del decreto de admisión de alumnos presentado por el anterior ejecutivo para agilizar los trámites previstos para su aprobación. Según fuentes del departamento, la elaboración de una nueva normativa "no es posible porque el calendario escolar no lo permite", pero aseguraron que el nuevo redactado incluirá las aportaciones de los sindicatos de la mesa sectorial y del Consejo Escolar de Cataluña.
En este sentido, UGT manifestó ayer su conformidad con la creación de oficinas municipales de matriculación impulsadas por Enseñanza. El sindicato planteó, no obstante, la necesidad de que dichas oficinas cuenten con recursos suficientes y que se garantice la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en cada zona.
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