La valenciana es la autonomía con menos recursos de ayuda a domicilio a personas dependientes, según Pla

Un informe del Imserso, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Eduardo Zaplana, señala que la autonomía que menos partida presupuestaria destina a la ayuda a domicilio de personas dependientes es la Comunidad Valenciana. Según dicho estudio, dado a conocer ayer en Alicante por el PSPV, mientras la media nacional se sitúa en torno al 0,58% de los presupuestos, la Generalitat deriva tan sólo un 0,25%. Joan Ignasi Pla, secretario general de los socialistas valencianos, atribuyó la situación de "deterioro" del estado del bienestar a la "desidia" del PP durante sus ocho años de gobierno.

Tras una reunión con miembros de la Plataforma por la Mejora de los Servicios Públicos de Salud Mental, Pla abundó que los enfermos aquejados de patologías mentales son los grandes perjudicados. "La situación es tan dramática que el propio Síndic de Greuges lo ha denunciado en su informe de 2002", apuntó. Leire Pajín, cabeza de lista del PSOE al Congreso, abundó que el tan cacareado Plan director de Salud Mental, anunciado hace casi tres años, no se ha ejecutado.Esta crítica fue avanzada horas antes por la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEVAFEM). El colectivo reprochó que el proyecto se ha ejecutado "mínimamente". La plataforma cívica denunció, además, que el presupuesto que destina la Generalitat a la gestión de los pisos tutelados para discapacitados es 26.000 euros menos de lo que reciben las empresas privadas. Su presidente, José María Sánchez, alertó de que este servicio corre el riesgo de desaparecer si el Ejecutivo no aumenta la partida presupuestaria para este recurso. "Es imposible mantenerlos con el dinero que nos dan", declaró.

Pajín avanzó algunas de las propuestas electorales de su partido en este apartado. Los socialistas plantean extender el servicio de ayuda a domicilio al 60% de la población dependiente. De la misma forma, prevén que España alcance una oferta pública de plazas en residencias para el 80% de los afectados, e igualar le media europea. La socialista apuntó que su formación incluye la creación de una Ley de Base, dotada con 1.000 millones de euros y así garantizar la universalización de estos servicios.