El fiscal pide dos años de cárcel por fraude para el dueño de Movilma

La fiscalía ha presentado escrito de acusación en el que solicita dos penas de dos años de prisión para el que fue administrador de la empresa Movilma, Dagoberto Moreno, y para uno de sus socios, José Mañés Benedito. El fiscal sostiene que pudieron cometer un delito de fraude de subvenciones por cobrar 11,3 millones de pesetas (67.914 euros) de la Generalitat para realizar unos cursos de formación que nunca se impartieron.

Los hechos arrancan el 29 de febrero de 1996, cuando Mañés, en representación de Movilma, solicitó del Departamento de Trabajo una subvención de 54 millones de pesetas (324.546 euros) para 10 cursos destinados a parados. En esa solicitud se aseguraba que Movilma estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, pero la realidad era otra, según el fiscal, pues el propio Dagoberto Moreno había solicitado tres meses antes la suspensión de pagos.

Además, recuerda el fiscal, con la solicitud de subvención de Movilma se adjuntaba un certificado de solidez del inmueble en el que iban a impartirse los cursos, pero el documento correspondía en realidad a la empresa Canvi i Desenvolupament, una subcontratada. "Los acusados, además de falsear los datos requeridos para la concesión de la subvención y ocultar los que la habrían impedido, eran plenamente conscientes de que Movilma ni siquiera tenía capacidad para asumir la actividad subvencionada", asegura .

Petición de devolución

Finalmente, ante "la solicitud tan arteramente formulada", el Departamento de Trabajo concedió a Movilma tres cursos de formación el 12 de julio de 1996. El 75% de la subvención (8,4 millones de pesetas) se pagó en agosto de 1997. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año se requirió a Movilma para que justificase la realización de los cursos y abonase el 25% restante. Fue entonces cuando la empresa comunicó que estaba en suspensión de pagos. Después se supo que los cursos habían sido subcontratados. En julio de 1999, la Administración catalana revocó la subvención y exigió a Movilma que le abonase aquella la cantidad, cosa que nunca ocurrió.

El abogado defensor, Miguel Capuz, del despacho Piqué Vidal, sostiene que no existe delito porque la cantidad que pagó la Generalitat no supera los 10 millones de pesetas que establece el Código Penal para que se produzca. La defensa también entiende que el supuesto delito está prescrito porque han pasado más de cinco años entre el pago de la subvención, en 1996, y el escrito de acusación del fiscal, de 2003. El proceso penal arranca en 2000, cuando no había transcurrido ese plazo. La defensa afirma, además, que a su cliente se le acusa por un delito del que nunca fue imputado durante la instrucción de la causa. El caso sólo está pendiente de que se fije la fecha de la vista, después de que el juez abriese juicio oral.