Los males de la patria

EL PRESIDENTE DE LA Junta de Extremadura anunció el pasado lunes su intención de llevar a la Conferencia Política del PSOE (reunida este mismo fin de semana) una propuesta de reforma de la ley electoral dirigida a excluir a los nacionalistas del Congreso y a relegarlos a un Senado transformado en Cámara de representación territorial. Según Rodríguez Ibarra, esa drástica medida sería la mejor manera de impedir que los intereses particularistas del nacionalismo condicionaran mediante chantajes la investidura del jefe del Gobierno y vampirizaran los intereses generales de España en provecho propio. Aunque el presidente extremeño haya defendido anteriormente la idea de marginar de la Cámara baja al nacionalismo, la actual coyuntura era poco propicia. Los socialistas no sólo necesitan los apoyos de grupos de ámbito territorial para seguir gobernando varias comunidades autónomas (Cataluña, Aragón, Andalucía y Cantabria) y numerosos ayuntamientos: además, su única oportunidad de conquistar el poder el 14-M sería formar una alianza con las minorías del Congreso si el PP perdiese la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Se comprende, así pues, que el presidente extremeño atendiese por patriotismo de partido el llamamiento a cerrar filas de la dirección del PSOE y retirase su propuesta de reforma electoral aun dejando claras sus reticencias al respecto.

El presidente de la Junta de Extremadura retira -poco después de anunciarla- una propuesta de reforma electoral dirigida a impedir la presencia en el Congreso de diputados nacionalistas

La tesis de Rodríguez Ibarra según la cual los nacionalistas estarían sobrerrepresentados en el Congreso por culpa de la actual ley electoral no se corresponde con los hechos: aunque el sistema proporcional corregido de la regla D'Hondt crea efectivamente disparidades a la hora de transformar los votos en escaños, el gran beneficiario de esas diferencias es el partido más votado (antes el PSOE y ahora el PP). Si se adoptase el sistema mayoritario, los nacionalistas obtendrían parecidos o incluso mejores resultados.

El procedimiento inventado por el presidente de Extremadura para impedir la presencia nacionalista en el Congreso condiciona la toma de posesión del escaño de diputado a la obtención del 5% de los sufragios emitidos en toda España (algo más de un millon de votos en las elecciones del año 2000). Ese género de umbral, que intenta equilibrar el derecho a la representación con las necesidades de la gobernabilidad, existe ya en la normativa vigente: el artículo 163 de la ley electoral fija un tope mínimo del 3% de los sufragios emitidos para acceder al Congreso. Ocurre, sin embargo, que el artículo 68 de la Constitución consagra la provincia como circunscripción obligada en la elección de diputados y senadores: el porcentaje del 3% toma lógicamente como punto de referencia para el cómputo el resultado provincial. El acrobático salto dado por el presidente extremeño desde la demarcación parcial (la provincia) -utilizada para elegir a los diputados- hasta el marco global (el Estado) -empleado para fijar la base de la validación de los mandatos- carece de justificación política y legal plausible. Por lo demás, si la propuesta de Rodríguez Ibarra llegara a materializarse algún día, los partidos afectados podrían alcanzar el 5% requerido con una coalición de ámbito estatal; baste con recordar los resultados de las elecciones del año 2000: CiU (4,19), PNV (1,53), CC (1,07), BNG (1,32) y Grupo Mixto (3%).

El presidente extremeño afirma que los nacionalismos desaparecerían en pocos años mediante la aplicación de su reforma electoral. También los arbitristas de la España de los Austrias y los regeneracionistas decimonónicos creían poseer la piedra filosofal para curar -como decía Lucas Mallada- los males de la patria. Los expendedores de recetas simples para problemas complejos suelen ser profetas incomprendidos que descargan su agresividad contra la gente que osa llevarles la contraria: en este caso, Rodríguez Ibarra llega incluso a negar toda legitimidad a sus críticos para oponerse al plan Ibarretxe y para discrepar democrática y argumentalmente de la ideología y la política nacionalistas.